Una encuesta de Giacobbe y Asociados revela que el 60% de los argentinos se opone a la ley del aborto, y sólo un 26% la apoya. Imagen: aciprensa.com

La postura que tenga un gobierno sobre la defensa de la vida no solo es relevante políticamente, sino que también en lo cosmovisional: es la explicitación de la idea sobre el valor de la dignidad humana.  En nuestro país, los constantes problemas no le permiten a la –mediocre– clase dirigente trabajar sobre lo importante, lo que se traduce en acciones que responden tanto a presiones externas como a soluciones superficiales. Por ello, el progresismo kirchnerista volvió con la legalización del aborto, ya rechazada por los representantes provinciales en 2018. Considerando esto, sumado a que la composición de las cámaras es similar a la de hace dos años y a la grave crisis que sufren los argentinos, la insistencia podría verse como una imposición, el avasallamiento sobre la voluntad del pueblo y el desconocimiento de los problemas reales.

Tres días de reuniones exprés

Desde martes hasta el pasado jueves se realizaron las exposiciones informativas sobre el nuevo proyecto de legalización del aborto ante las comisiones intervinientes de la Cámara de Diputados de la Nación. En el sitio de Notivida se destacaron, entre otros, los siguientes fragmentos:

Durante la mañana del 1 de diciembre, la secretaria Legal y Técnica de la Nación y principal autora del presente proyecto, Vilma Ibarra, aseguró que el gobierno envió “dos proyectos que dialogan entre sí”, refiriendo al de aborto y al llamado “Mil Días”, afirmando que “el Estado está allí, acompañando los proyectos de maternidad”. Cabe aclarar que en el “Mil Días” del gobierno, básicamente se propone un subsidio a la mujer embarazada durante los primeros tres años del niño, a partir del nacimiento. Esto difiere de la exitosa política pública del Municipio de San Miguel, del mismo nombre, que garantiza un acompañamiento integral sobre la madre y el bebé, incluso desde antes del nacimiento. El proyecto lanzado por el poder ejecutivo, aunque disfrazado, es coherente con la perspectiva abortista, dado que no nombra ni valora al niño por nacer.

Luego, el ministro de Salud Ginés González García, ante la pregunta de la diputada Dina Rezinovsky, afirmó que cuando una mujer está embarazada hay una sola persona, mientras que al niño por nacer lo calificó de “fenómeno”, y concluyó diciendo que “de no ser así estaríamos ante el mayor genocidio de la historia”. Estos dichos llevaron a que el diputado nacional Francisco Sánchez pidiera la renuncia del Ministro y que el hashtag #RenunciáGinés lidere el listado de tendencias en nuestro país. Más adelante, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que con la legalización disminuye la cantidad de abortos. Teniendo en cuenta que con frecuencia se alude a que los problemas ligados al aborto son las pobres condiciones sanitarias provocadas por la clandestinidad y la presión social, cabría preguntarse ¿Por qué disminuiría la cantidad si la práctica pasara a ser legalmente aceptada y realizada en establecimientos médicos debidamente acondicionados?

Nelly Minyersky, de la “Campaña por el Derecho al Aborto”, señaló que dar a un hijo en adopción no es ético, lo que deja dilucidar que la única propuesta que la Campaña ofrece a la mujer es el aborto. A su vez, afirmó que en este tema no deben intervenir las creencias, cuando, por otra parte, antepuso las propias al desconocer las evidencias científicas, relativizando el comienzo de la vida. Cuando se habló de la vida del niño, algunos de los dichos más impactantes provinieron de la boca de Mario Sebastiani, médico obstetra. Este promovió alegremente el aborto eugenésico y admitió que “en estos 37 años de democracia hemos tenido más de 3.000 muertes maternas”. Luego, tras una pregunta de Carmen Polledo explicó, tan fría como explícitamente, cómo se mata a un niño de 30 semanas: se le da una inyección para que su corazón deje de latir (asistolia intrauterina), es decir, para producir “la muerte del bebé”. De esta exposición se pueden destacar algunas ideas. La forma en la que habló sobre la matanza del niño, sin intentar utilizar eufemismos –como la gran mayoría de sus compañeros–, enseña el desprecio a lo que él mismo considera vida humana. Y, si bien cada muerte es una tragedia, 81 por año, como afirmó Sebastiani, no representan una urgencia de salud pública.

Del lado verde, siguieron más dichos de dudosa veracidad, cuando no, completamente falsos. Al igual que varios expositores, la filósofa feminista Diana Maffia –apellido que suele generar comentarios– habló de la penalización, cuando es sabido que no es frecuente que las mujeres vayan presas por abortar (según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2007 y 2016 solamente cuatro personas fueron penadas por aborto propio o consentido). La infectología Leda Guzzi habló de sus vivencias como médica, contando las “tantas” muertes que vio por aborto clandestino. Teniendo en cuenta que en 2018 solamente hubo 35 muertes por embarazo terminado en aborto (de ellas, solo 19 por aborto médico, no especificado, intento fallido y otro aborto), se puede concluir que hablar de “tantas” es mentiroso o, de no ser así, Guzzi mal registró las muertes por aborto que le tocó presenciar, incumpliendo con su deber médico. Luego, Víctor Urbani, exministro de Salud de la provincia de Jujuy, afirmó que hay tutoriales en YouTube que enseñan cómo abortar con misoprostol y que injustamente las mujeres del norte argentino no pueden acceder a ellos. De esta manera, Urbani apañó el aborto clandestino. Aída Kamelmajer de Carlucci, exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, dijo: “no hay derechos, aunque sean humanos, que sean absolutos”, subjetivizando por completo el valor intrínseco del hombre. Así lo mostró la médica y posterior expositora Cecilia Ousset, participante activa en la muerte de Faustina en 2019, la bebé tucumana que fue forzada a nacer antes de tiempo.

La diputada ultraizquierdista Myriam Bregman, con un discurso lleno de eslóganes, atacó fuertemente a la Iglesia. Marisa Herrera, docente de la UBA, reconocida por el verde brillante de sus accesorios y sus histriónicas exposiciones, habló del Estado laico, mientras que Manuel Ochandio siguió la misma línea discursiva y denostó a los expositores provida. Acá, nuevamente, sirven algunas aclaraciones. El Estado Argentino es laico (contrario a Estado confesional), pero no laicista (supone la total autosuficiencia e independencia sobre cualquier visión trascendente, terminando por negar la libertad religiosa). El artículo 2 de la Constitución Nacional, en su parte dogmática, sostiene al culto Católico Apostólico Romano, por lo que no puede desentenderse de los valores cristianos.

Del lado provida, el Padre “Pepe” Di Paola, de la Villa La Cárcova, vinculó especialmente al aborto con “la usura internacional” de la que somos víctimas. Resaltó que el envío del proyecto de aborto coincidió con el arribo de la misión del FMI, y exigió a los legisladores que “gobiernen para los pobres y no para las elites capitalistas”. Luego, la Dra. Úrsula Basset afirmó que este proyecto está moldeado por una “matriz patriarcal”, ya que propone un modelo de mujer independiente que copia al rol del hombre que se despega de la paternidad, en lugar de valorar la identidad y las diferencias propias del ser mujer. Es un proyecto que silencia a las mujeres. Basset declaró que “la responsabilidad es fundamental, queremos que los padres asuman las consecuencias de sus actos” y siguió diciendo que “la ley de aborto, en buena medida, esconde los problemas de las mujeres” y no tiene sensibilidad sobre el sufrimiento la embarazada.  Además, en oposición a lo dicho por Minyersky, pidió que se dé la debida atención a la posibilidad de la adopción. A modo de reflexión, criticó: “¿Si nos ponemos a atacar las raíces y no las consecuencias?”, dejando entender que el aborto es una política superficial que esconde los problemas de fondo de los argentinos. Sobre esto habló también la diputada Graciela Camaño el viernes 4. Dijo que los legisladores fueron incapaces de llevar adelante políticas públicas para los problemas de las mujeres, por eso, con la invención del derecho al aborto, se justifica la mediocridad de los políticos.

Andrea Imbroglia, de Cáritas Argentina, dijo que “los que dicen que las mujeres pobres quieren el aborto, o no las conocen o mienten (…) a las mujeres pobres que quieren abortar envíenlas con nosotros que las vamos a acompañar (…) a ellas les decimos que no están solas”, y se preguntó “¿cómo vamos a suprimir personas porque no encajan con mi proyecto de vida?”. Después, la socióloga María Elena Critto versó sobre estadísticas oficiales, con el objetivo de derribar algunos mitos abortistas. Señaló que las muertes por aborto representan el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil, que, en el 2018, mientras se debatía un proyecto similar en el Congreso, hubo 257 muertes maternas y sólo 19 (7%), como aclaramos anteriormente, se vincularon al aborto procurado. Además, mencionó que otros países redujeron la mortalidad materna sin legalizar el aborto.

El jefe de Servicio de Obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti, con largos años de experiencia en la Maternidad Sardá, explicó que “el embrión molesta, no tiene buena prensa, pero es una realidad” y demandó que los legisladores que “no pasen a la historia como los que le impidieron nacer a miles y miles de seres humanos”. Por otra parte, el pastor evangélico Osvaldo Carnival, dijo que “un aborto siempre es un asesinato, es una mamá asesinando a su hijo con la ayuda del Estado”. Ello despertó la atención de la diputada Cecilia Moreau, quien dijo que la Cámara había acordado que no se podría utilizar la palabra “asesinato”, lo que reafirma lo dicho por Beruti.

El día 2, El Dr. en Ciencias Jurídicas y especialista en bioética Nicolás Lafferriere advirtió que “el aborto sistemático de las personas con discapacidad será una consecuencia de esta ley”. Los mismo aseguró la sociología y bioeticista Ségolene Du Closel, afirmando que “en Francia se aborta al 96% de los niños con síndrome de down”. Paradójicamente, las exposiciones finalizaron el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El Dr. Siro De Martini, miembro de la Academia Nacional de Derecho señaló que el proyecto convierte el delito de aborto en un derecho (“el derecho a matar al hijo hasta el noveno mes de gestación”). Dijo que “el médico se vería obligado a matar a una persona inocente e indefensa, lo que no es ni justo, ni constitucional”. Concluyó su exposición deseándole una “Feliz Navidad” a los legisladores. Otro abogado, Fernando Toller, habló de la discriminación que provocaría una ley de este tipo: “El deseo de un tercero va a ser la fuente del derecho a vivir o de la condena a morir (…) se discrimina por el origen, entre deseados y no deseados (…) se garantiza el derecho a abortar hasta la semana 14 sin expresar razón y se puede abortar hasta el noveno mes con causales amplias”. Sobre la ausencia de objeción de conciencia institucional se preguntó “¿por qué si se juntan 4 personas tienen menos derechos que individualmente?”. El profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Alfredo Vítolo, señaló los graves errores jurídicos y empíricos del proyecto promovido por Vilma Ibarra: “Tales interpretaciones son argumentaciones ideológicas y políticas sin fundamento en el derecho”. Remarcó que en el ordenamiento jurídico la definición de niño incluye a la persona por nacer y que para crear un derecho al aborto “sería necesaria una reforma constitucional”.

La toco-ginecóloga María de Urraza, del Hospital “Mi Pueblo”, dijo que se hacen abortos tardíos y que “hay fetos de 19 semanas en los inodoros del hospital”. Declaró que hoy en los hospitales reservan camas para aborto y simultáneamente algunas puérperas tiene que ir a las camillas. A su vez, señaló que el 90% de los ginecólogos de los Centros de Atención Primaria de Salud no hacen abortos y que “eso muestra lo que piensan los médicos” sobre la problemática. Puede verse que el aborto es una prioridad ideológica que ignora la realidad tantos de los médicos como de las argentinas.

El tercer día del plenario por aborto, la activista y escritora Guadalupe Batallán, pidió que no se use a las mujeres jóvenes para reclamar el aborto y criticó la premura con la que se quiere tratar al proyecto: “¿Cómo podemos discutir en 3 días si en Argentina vamos a matar gente o a apostar por la vida?”. También recordó la exposición de González García y, corrigiéndolo, afirmó que “estamos frente al mayor genocidio universal”. Un comentario que llamó la atención de diputados abortistas fue el que definió de anacrónico al reclamo por el aborto, ya que las mujeres jóvenes mayoritariamente defienden la vida, mientras que las tradicionales militantes abortistas se quedaron en el tiempo. Luego de la exposición, donde la autora de 22 años desenmascaró al negocio detrás de la industria del aborto, la diputada Mara Brawer exigió que se censure a Batallán en su cuenta de Twitter por sus dichos contra la anteriormente mencionada Nelly Minyersky. Rápidamente apareció el repudio hacia la censura en las redes sociales, alcanzando a contar con cuatro tendencias y encabezando la lista en Argentina.

Al finalizar las exposiciones de la mañana, la abogada, periodista y vocera de Frente Joven, Ana Belén Marmora, afirmó que “el proyecto busca crear un falso derecho al aborto, un derecho al descarte selectivo de seres humanos” y denunció que el fin real del proyecto es regular el aborto libre en cualquier momento del embarazo. Un fin que no es legítimo, ya que, en sintonía con lo que advirtieron los demás expositores provida, crea una categoría nueva de personas, los “no-deseados”. “El costo del proyecto es la muerte segura de seres humanos”, aseveró Marmora.

La mayoría celeste

El movimiento provida está creciendo en el mundo. Mientras el canciller Felipe Solá firmó –sin considerar la voluntad popular– la Declaración conjunta sobre “derechos sexuales y salud reproductiva” que, según un documento de la diplomacia francesa, estableció la garantía y la financiación del aborto, este año se realizó la Declaración de Ginebra (con países como Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y Estados Unidos, entre otros 26), por la que los firmantes se unieron “para reafirmar su compromiso con los derechos humanos que tienen su punto de partida en el primero de todos ellos y en la dignidad de la persona humana”.

Hace algunas semanas, una encuesta de Opinaia ya había mostrado que el movimiento provida creció un 17% en comparación a hace dos años, frente a la minoría abortista, que desde 2018 hasta la fecha decreció un 7%. Pero, además, a fines de noviembre, la consultora Giacobbe & Asociados realizó una encuesta de opinión pública donde se arrojaron los siguientes datos: el 60% de la población se opone al proyecto de legalización del aborto, mientras que solamente el 26,7% quiere que sea aprobado. Además, se pudo observar que el 62% de las mujeres rechaza al aborto, sobre un 28% que lo acepta. En su cuenta de Twitter, Jorge Giacobbe, refiriendo al crecimiento del movimiento provida en relación con la caída del abortista, destacó que “Los celestes primero sintieron una suerte de oprobio de tener el espíritu del tiempo en contra. Finalmente, como los boxeadores, salieron pegando de entre las cuerdas, y el debate de cara a la opinión pública se emparejó”.

En el diario La Prensa, el filósofo brasileño Olavo de Carvalho escribió: “Si lo que usted dice diverge de lo que el intelectual izquierdista desea oír (…) la veracidad o falsedad de lo que usted ha dicho, se pone fuera de la cuestión (…) mediante la asociación de ella a algún grupo al que usted no pertenece o que ni siquiera existe”. Tradicionalmente la izquierda identificó a su oposición con un ser abstracto, por lo tanto, conceptualmente manipulable –como lo hace con el “patriarcado”, entre otros–. Pero hoy esto cambió. Ya no le atribuyen el peso político logrado por los provida a un poder oculto, sino a la movilización popular, mientras que el progresismo es financiado internacionalmente. Esto se pudo ver luego del escándalo de censura que giró en torno a la exposición de Guadalupe Batallán, cuando la diputada oficialista Gabriela Cerruti acusó a “las pibas celestes” de agredir a las “viejas” abortistas. Por lo visto, la izquierda, encerrada en un reclamo anacrónico, ya no es capaz de apropiarse de la juventud.

Sobre el autor: Juan Pablo Ialorenzi es estudiante de Ciencias de la Educación (CONSUDEC) y de Ciencias Políticas (UCA), columnista invitado del diario La Prensa y cofundador de Buena Data.