El Gobierno Nacional impulsa un cambio en la fórmula por la cual se actualizan las jubilaciones, pensiones y otras transferencias como las AUH. Esto ha vuelto a poner al Sistema Previsional en el tapete de la agenda política, sin embargo nadie discute las reformas de fondo que son necesarias.

A partir de la Ley 27.426, impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri y sancionada en diciembre del 2017, las jubilaciones comenzaron a actualizarse de manera trimestral teniendo en cuenta la variación de la inflación en un 70% y la evolución de los salarios en un 30%. Este esquema duró tan sólo hasta diciembre del 2019, momento en el cual se sancionó la Ley de Emergencia Pública 27.541 que suspendió la movilidad jubilatoria y dio al Poder Ejecutivo la facultad de determinar los haberes previsionales mediante decreto. Es en este marco, casi un año después de la suspensión de la movilidad, el Gobierno impulsa su propuesta. La misma no resulta desconocida ya que es prácticamente idéntica a la fórmula que estuvo vigente desde octubre del 2008 hasta diciembre de 2017, es decir que consiste en actualizaciones semestrales 50% en base a la evolución de la recaudación tributaria y 50% en base a la variación del RIPTE (variación de los salarios estatales) con un límite fijado en el 103% del crecimiento de los recursos totales de ANSES.

Si bien es indiscutible que el actual Gobierno busca ahorro fiscal de corto plazo mediante la licuación de las jubilaciones es igual de cierto que en estas condiciones, tanto la fórmula de Alberto Fernández como la de Mauricio Macri son insostenibles y llevan irremediablemente al colapso del Sistema Previsional.

El gasto en protección social representa el 54% de todo el gasto del Estado Nacional y en los últimos años ha tenido una dinámica explosiva: mientras que en el 2008 era equivalente al 6,5% del PIB, en el 2019 ya superaba el 10%. Y no es casualidad, es que los beneficiarios durante ese lapso casi que se duplicaron pasando de 12,7 millones de personas a 21,3 millones (los jubilados más pensionados representan 8,5 millones de personas y 12,8 millones son ayudas sociales y becas). El Sistema está absolutamente quebrado debido a su creciente déficit, para dar un ejemplo: durante el año pasado la recaudación del Sistema Previsional cubrió aproximadamente el 65% su gasto, es decir que tuvo un agujero equivalente a 3% del PBI. Este año, agravado por razones obvias, la situación es bastante peor ya que el Sistema recaudó hasta septiembre sólo el equivalente al 53% de sus erogaciones.

Ni esta fórmula ni la anterior harán cerrar las cuentas y la razón es sencilla: Argentina es incapaz de generar crecimiento económico y empleo privado. La economía nacional no crece desde hace 10 años y, en términos per cápita, el PBI medido en dólares es menor al del año 2008. Es decir, vivimos en un país cada vez más pobre. Además, de acuerdo a recientes reportes del Ministerio de Trabajo, los trabajadores que se desempeñan en el sector privado (asalariados privados, monotributistas, asalariados de casas particulares e independientes autónomos) ascienden a 8,5 millones de personas, increíblemente es la misma cantidad que existía en el año 2008. O sea, desde hace 12 años, por lo menos, que en Argentina no se generan empleos genuinos. En este escenario la cuenta es simple: cada vez más dependientes deben ser financiados por la misma cantidad de aportantes en una economía más empobrecida.

La nueva fórmula de movilidad que lleva adelante Alberto Fernández no sólo hará caer las jubilaciones en términos reales, sino que además no tiene nada de sostenible. A medida que la inflación se dispare (acorde al descalabro monetario actual) la recaudación también comenzará a crecer en términos nominales empujando al alza tanto a jubilaciones como al déficit previsional.

Lo que más grave resulta es que ni bajo estas condiciones desde la política se piense en reformas de largo plazo para poner en un eje de sostenibilidad al Sistema Previsional. Es necesario que en nuestro país comiencen a darse debates serios sobre qué tipo de sistema es mejor (¿de reparto o de capitalización?), a quiénes debe estar dirigido y en qué condiciones (¿sólo a quienes aportaron o un sistema universal? ¿debieran tener los mismos beneficios?), de qué manera se puede actualizar la movilidad jubilatoria (¿es sostenible que las jubilaciones crezcan más que el PIB?) y, por último (pero no menos importante), poner sobre la mesa la necesidad innegable de aumentar progresivamente la edad jubilatoria de acuerdo a la esperanza de vida. El Sistema Previsional Argentino requiere una reforma de verdad, ya lo hemos fundido muchas veces.

Sobre el autor: Juan Manuel Morales es Mgter. en Economía.

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