Gobierno y derecho a resistencia  

El Estado nacional e incluso los estados provinciales, se han cansado de pisotear y avasallar derechos y garantías constitucionales, incluso bajo esta cuarentena eminentemente populista y propensa a la autocracia, nuestros gobernantes se comportaron sediciosamente al arrojarse facultades que no les corresponden, por ejemplo, el Presidente se puede vanagloriar por el hecho de ostentar, al menos virtualmente, la suma del poder público. Por todo ello, es imperioso recordar que la Constitución prevé en su artículo 36, un derecho a resistencia de todos los habitantes, contra actos de fuerza que violenten el orden constitucional, actos de fuerza como los que veremos a continuación en donde se pisotea sin ninguna consideración lo que le corresponde al ciudadano, actos vejatorios para la población y los cuales la Ley Fundamental remarca que son nulos de nulidad insalvable, es decir que estamos en todo derecho de desobedecer. 

El uso obligatorio de barbijos

El actual artículo 202 del Código Penal nos indica que es punible la conducta de quien propaga una enfermedad peligrosa y contagiosa. Sobre la peligrosidad diremos que de por sí descarta la aplicación de esta figura penal cuando de CoVid 19 hablamos, puesto que la tasa de mortalidad es ínfima. Por su parte el “propagar” hace referencia a quien con dolo (intención y voluntad de realizar la conducta prohibida) propaga el virus, con lo cual que el Poder Ejecutivo infiriera del presente artículo el uso del barbijo como conducta obligatoria, significa la  violación la interpretación literal que conlleva todo tipo penal (ya que no se “propaga” en el sentido que indica el tipo penal ni tampoco hay peligrosidad), además de violentar el principio de legalidad según el cual solamente el Congreso de la Nación legisla en materia penal (art 75 inc 12 CN), a su vez, El Ejecutivo nacional desconoce el artículo 99 inc 3 CN que establece la expresa prohibición de emitir un DNU si se refiere a tal materia. 

Cierre de comercios 

La administración de Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuarentena mediante, dispuso primero el cierre de comercios “no esenciales” por más de un mes, lo cual produjo que comerciantes y empresarios entren en una situación cercana a la quiebra. Posteriormente, se habilitó el comercio, lo cual siempre supone un gasto de reactivación de la producción para las empresas y una expectativa de venta para los comerciantes, pero con un par de semanas de diferencia, el gobierno decide que procede a cerrarlos nuevamente, esto es arbitrario, irracional y de una inconstitucionalidad manifiesta, puesto que se trata a los habitantes como peones de ajedrez. A su vez y más grave aún, desde el Kirchnerismo se pretende impulsar un proyecto de ley para lograr la participación obligatoria del Estado en las empresas que este “ayudó”, de concretarse esto, se violentaría el artículo 17 de la Constitución Nacional respecto a la inviolabilidad de la propiedad privada, con lo cual la supuesta ayuda se convertiría en una medida confiscatoria, que a su vez es ilegal. 

Trabajadores “esenciales” y el transporte 

Actualmente para circular en el AMBA y CABA, no basta con ser parte de ese sector arbitrariamente denominado “trabajadores esenciales”, sino que también hay que tramitar un permiso y descargar una aplicación que le permite al Estado saber tú ubicación exacta, tal medida violenta el derecho a la intimidad (art 18 CN) y a realizar acciones privadas sin interferencia estatal (art 19 CN) por su parte es ridículo que a quienes están cumpliendo prisión domiciliaria se les haya permitido, o al menos a una parte de ellos, hacerlo sin tobillera electrónica, mientras que al ciudadano de a pie se le obliga a descargar una aplicación que hace las veces de “rastreador estatal”.

Intendentes y libertad de circulación 

La medida consistente en otorgar a los intendentes la potestad de reglamentar el derecho a la libre circulación, además de ser una medida inconstitucional, es particularmente agresiva hacia el estado de derecho. Puesto que desde 1853 los gobiernos provinciales han delegado en el gobierno nacional, Constitución mediante, la facultad de reglamentar la circulación ambulatoria en el territorio argentino (arts. 14 y 28 CN). Quisiera saber qué nos dirían José Benjamín Gorostiaga y otros convencionales constituyentes si vieran lo que sucede en nuestros tiempos. 

Por Tomás Zambrano Alias D´Abate