El gobierno socialcomunista español busca limitar la libertad de expresión.

El jueves 5 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) de España comunicó una orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que justifica la  aplicación de un plan para “luchar contra la desinformación”. Se llevaría a cabo por la vigilancia de los medios de comunicación, las autoridades públicas y las plataformas de medios sociales bajo la guardia de una Comisión Permanente contra la desinformación. Abogados especialistas denuncian estas medidas inconstitucionales y la Asociación Civil española Hazte Oír lanza una campaña para su disolución.

Dicha orden nominada como “Procedimiento de actuación contra la desinformación” fue presentada por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos por la Unión Europea, cuenta el BOE.

Se llevará a cabo por un Plan de Acción materializado por el European Democracy Action Plan que, al parecer, ya fue establecido en el 2018 por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El mismo presenta como objetivo evaluar la desinformación “a nivel global y particularmente para España”, se lee en BOE y es así como les “urge redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema, y marcar el procedimiento sus actuaciones” que llevarán a cabo siguiendo 4 niveles para vigilar las “campañas de desinformación”.

 Quiénes se encargan de la vigilancia

La estructura será constituida por: El Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación (el encargado de asistir a los primeros sobre las posibles campañas de desinformación), las Autoridades públicas competentes, el sector privado y la sociedad civil.

A este último, el gobierno hace un llamado a: los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general porque “juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación”. Es por ello que deberían realizar “acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo de herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital, entre otras”, informa el BOE.

Al servicio de este plan se encuentra la Secretaría de Estado de Comunicación en coordinación con: la Presidencia del Gobierno (en él el Departamento de Seguridad Nacional), el Ministerio de Defensa junto con el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio del Interior y su Gabinete de coordinación y estudios, y la Secretaría de Estado de Seguridad, además del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación con la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, y también el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital donde participa la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (SEDIA) y la Dirección del Gabinete de la SEDIA.

El Plan controlado por el gobierno está armado y, para ello, cuentan con pasos de actuación bajo 4 niveles donde para cada nivel habrá un órgano que represente a esta Comisión Permanente contra la desinformación. En el Nivel 1 se querrá detectar y realizar una alerta temprana y notificación según la comunidad de referencia. En el Nivel 2 habrá una capacidad para apoyar la coordinación y sincronizar y priorizar esfuerzos. En el Nivel 3 se adoptarán decisiones y marcarán objetivos de carácter político-estratégico. Y en el último (Nivel 4), se gestionará políticamente en el marco del sistema de seguridad nacional, cuenta el Boletín Oficial.

Abogados alzan la palabra en defensa de los derechos

Dicha medida consultada en el medio español Estado de Alarma TV fue declarada por el profesor de Derecho Administrativo de la universidad pontificia ICADE,  Antonio J. Alonso Timón, como “una aberración jurídica más de las que nos tiene acostumbrado este gobiernodado que  “afecta a los derechos fundamentales: La libertad de expresión y la libertad de información”.

“La destrucción de la constitución es hartamente difícil y lo que están haciendo es bordearla por medio de normas habilitantes, tal y como se dice en Venezuela, esto es una norma habilitante exactamente similar a las que Hugo Chávez utilizó en Venezuela para que el gobierno pudiera legislar”, explica el profesor de Derecho Bancario y Concursal y académico, Eduardo Rodríguez de Brujón.

El mismo, señala que el artículo 20 de la constitución española garantiza el mantenimiento de una comunicación pública y libre, por lo que el gobierno, al pasar por alto este artículo, está “cargándose con todos los derechos que la constitución consagra”.

Cabe destacar que la orden no explica y no dice qué se entiende por desinformación. Dicha cuestión se está regulando de forma genérica, y así “pueden hacer lo que les da la gana y considerar desinformación lo que ellos estimen oportuno” dice el profesor Alonso Timón. La falta de tipicidad en la norma de definición de lo que es la desinformación hace posible que se vulneren de manera flagrante los derechos fundamentales, y si se extiende este control puede llegar a las redes sociales, y también al secreto de las comunicaciones, advierte el profesor.

Carolina Mata de la Torre, especialista en Derecho Penal, declara: “estamos asistiendo impasibles a la destrucción total del estado de derecho. El gobierno se está arrogando la potestad legislativa, esto es totalmente intolerable. Lo venden como una guerra contra las fake news y está clarísimo que es una censura intolerable a los medios de comunicación que no están a fines. El gobierno es un censor que se cree garante de su propia verdad…”.

Con palabras firmes Rodríguez de Brujón aboga la falsedad con respecto a la obligación de poner en marcha el plan de desinformación por órdenes de la Unión Europea, reza: “La UE no puede obligarle para un plan que se puso en marcha en el 2018 y que al día de hoy no está activo ni está perfectamente diseñado, más aun no está implantado en la UE. Por lo tanto, la excusa de que hay un plan europeo y que están obligados a hacerlo no puede ser verdad y es otra mentira más del gobierno de Sánchez”.  

Asimismo, señala el profesor Alonso Timón que esta norma sintetiza la idiosincrasia del gobierno de Sánchez desde que se ha formado, dado que “no parece ni medianamente razonable que mediante una orden ministerial se traten de limitar derechos fundamentales. A esto, la constitución española lo reserva a la ley orgánica, por lo tanto, una orden ministerial no puede limitar derechos fundamentales tan importantes y esenciales en un estado de derecho”. Explica que dicha acción tendría que hacerla el Parlamento, así se está suplantando al poder legislativo y al poder judicial porque es este el que tendría que fiscalizar este tipo de actuaciones y el que tendría que secuestrar o poner sanciones a medios de comunicación que estuviesen llevando a cabo una actividad flagrantemente ilegal con fake news.

Manifiesta el académico, Rodríguez de Brujón, que “esto es  una paradoja absoluta y parece una broma si no fuera tremendo que el gobierno de la mentira creara un ministerio de la verdad. Creo que es el reflejo que una norma ministerial ya ni se molesta de legislar”. Resalta angustiado que la democracia española se está convirtiendo en una oclocracia al mancharse de ilegalidad y de violencia: “No estamos en una democracia desde hace muchísimo tiempo”, aclara.

En acción contra esta normativa

La Asociación Civil española, Hazte Oír, lanzó una campaña para pedir que se disuelva inmediatamente esta medida, y que “devuelva a los medios de comunicación su libertad informativa”.

Explican que se está tratando de una estructura de poder permanente “integrada por la propia camarilla política de Pedro Sánchez, con su asesor electoral Iván Redondo a la cabeza, los servicios de espionaje (C.N.I.) con Pablo Iglesias al frente y la mismísima jefatura del Departamento de Estado de Seguridad Nacional… Como era de esperar, ahora que la censura comunista ha trascendido a la sociedad civil y alcanza a los propias empresas multinacionales de la comunicación, toda la prensa de nuestro país se ha echado encima del Gobierno, incluida la propia Federación de asociaciones de periodistas (FEPA)”.

Se puede apoyar la petición haciendo clic en el enlace:https://www.citizengo.org/hazteoir/ot/183316-gobierno-dictador

5 Comentarios

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here