Desde el anuncio de la intervención de la agroexportadora Vicentín, varios especialistas en derecho constitucional se han opuesto a la misma.

El 9 de junio pasado, el gobierno nacional decretó la intervención transitoria de la empresa Vicentin, haciendo públicas también sus intenciones de estatizarla. 

El anuncio de la medida produjo un gran revuelo en la opinión pública, a la vez que surgían fundados cuestionamientos sobre la constitucionalidad del DNU. 

Cruce entre el Presidente y Cristina Pérez

Días atrás, en una entrevista con Alberto Fernández, la periodista Cristina Pérez planteó las dudas que existían sobre la legalidad de la medida, y el Presidente le salió al cruce.

 En su respuesta, no exenta de polémica, el mandatario desmintió a la conductora, asegurando que el gobierno está facultado para intervenir empresas en este contexto.

Daniel Sabsay

El Doctor Daniel Sabsay, profesor titular de derecho constitucional en la UBA y reconocido jurista, criticó el decreto de intervención por medio de un video en su canal de youtube.

 En el mismo, aseguró que el DNU 522/220, que dictamina la intervención de la empresa, plantea un “serio desafío para nuestro estado de derecho”.

El jurista argumentó, en primer lugar, que “”Acá se da el marco fáctico para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia”. Recordó que la constitución, en el inciso tres del artículo 99, otorga al presidente la facultad del DNU solo para los casos de necesidad y urgencia, en los que la coyuntura impida su tratamiento normal. 

Sin embargo, el presidente intervino la empresa por medio de un decreto, para luego presentar un proyecto de ley para expropiarla. Esto último, a juicio de Sabsay, “es una contradicción evidente”. Denunció también una violación a la separación de poderes “hay una violación a la esfera de competencia del poder judicial. 

El artíulo 109 de la Constitución Nacional es claro cuando le prohibe al presidente de la nación intervenir en causas judiciales. Esta es la gran garantía institucional para la independencia de la justicia frente a actos impropios del poder judicial”. Fundamenta esto en el hecho de que se dictamine, desde el ejecutivo, una intervención de la empresa, siendo que un concurso de acreedores “de por sí una intervención”. 

“Se trata de un conflicto entre privados. que haya acreedores públicos no tiene nada que ver con la suerte del concurso”, aseguró el jurista.

Manuel José García-Mansilla

Otro de los que se sumó a la polémica fue el Dr. Manuel José García-Mansilla, especialista en derecho constitucional y decano de la facultad de derecho de la Universidad Austral. 

En una nota en La Nación, posteriormente compartida por Cristina Pérez, el jurista argumenta, en diez puntos, por qué considera que la intervención decretada es inconstitucional. 

Entre otras cosas, recuerda que la Carta Magna en ningún momento faculta al jefe de estado para intervenir, transitoria o definitivamente, en empresas privadas, ni siquiera implícitamente. Por otro lado, y al igual que Sabsay, sostiene que, dado que el congreso está funcionando, no hay motivos para tomar una medida como esta por medio de un DNU. “El DNU invoca de forma genérica a la pandemia y a las consecuencias económicas de la pandemia. Y también a la necesidad de preservar bienes y fuentes de trabajo.¿Alcanza esa justificación tan amplia como argumento constitucional para sortear al Congreso? Si aceptáramos que sí, estaríamos aceptando directamente que, en este contexto, se gobierne directamente por DNU.”, argumenta.

Recuerda, también, que la herramienta del gobierno federal para la intervención de empresas, es la expropiación, que debe ser tratada previamente en el congreso. García Mansilla concluye su nota de forma contundente: “Por eso, el DNU es clara, grosera y rotundamente inconstitucional.”.

Alejandro Fargosi

El extitular del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, se sumó a las críticas al decreto de intervención, por medio de un hilo en twitter. En el mismo, respondió a muchos de los argumentos usados por el oficialismo.

Entre otras cosas, destacó que el artículo 109 de la constitución prohibe al gobierno intervenir si existe una causa judicial en curso.

También, que el hecho de que el Banco Nación sea uno de sus principales acreedores legitima una intervención de este estilo, pues esto violaría la igualdad de acreedores. Para defender los derechos del estado nacional existe la ley Concursal.

Responde también al argumento de la soberanía alimentaria: “Argentina es absolutamente soberana en lo alimentario mas que en ninguna otra actividad, porque la inmensa mayoría de los mas de 300 mil productores, son argentinos.”.

“es constitucional y legal que extranjeros tengan inversiones en Argentina. Además…¿podemos crecer sin ellas?” agrega el abogado.

Fallo contra el gobierno

Ayer, 19 de junio, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dictaminó que el desplazo de los interventores nombrados por el gobierno. De esta forma, el directorio de la empresa se ve restituido, y los interventores nombrados por el gobierno pasan a ser simples veedores.

Asimismo, el juez consideró que era incompetente para determinar si el decreto era constitucional, y le dejó la disposición a la Cámara de Apelaciones. Este mismo magistrado había considerado “improcedentes” las objeciones contra la intervención.

La familia Vicentín se mostró alegre por el fallo: “Nos enteramos hace poco de la resolución del juez. Imagínese la alegría que tenemos acá. Dudábamos porque el juez estaba presionado, entiendo de ambos lados. Gracias a Dios este juez hizo honor a lo que se decía de él: es un gran juez”, dijo a Infobae Héctor Vicentín.

Por Juan Felipe Acuña