Alberto Fernández preocupado. Fuente: Télam

El punto neurálgico de la crisis política argentina es el creciente debilitamiento de la autoridad presidencial. Esa pérdida de poder, admitida privadamente por los propios allegados a Alberto Fernández, se advierte en todos los planos y se manifiesta en un variado espectro de medidas que incluyen desde la suspensión temporaria de las exportaciones de carne vacuna hasta el voto en las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamas en Medio Oriente o el retiro de la demanda contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Internacional de La Haya. Hasta en el mínimo episodio de la suspensión de la realización en la Argentina de la Copa América puede rastrearse ese mismo fenómeno de un poder anémico, incapaz de definir el curso de los hechos.

Desde el momento de mayor centralidad política de Fernández, situado en abril del año pasado, cuando la irrupción de la pandemia determinó un inédito consenso político que catapultó la imagen positiva del presidente a niveles otrora inimaginables, hasta hoy una larga cadena de acontecimientos signó este paulatino vaciamiento de poder, acompañado por el paralelo fortalecimiento de la hegemonía política de la vicepresidenta en la coalición gubernamental. Importa señalar, porque no es algo en absoluto accidental, que este proceso de trasmisión de poder fue contemporáneo a la ruptura de ese consenso que signó la primera etapa de la pandemia, patentizado en las conferencias de prensa conjuntas entre el presidente, el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff. En ese lapso, se registra también un correlativo e incesante descenso de la imagen presidencial en la opinión pública.

La crónica periodística, con su brutal tendencia a la simplificación, condensó ese traslado de poder en términos cuasi gastronómicos cuando consignó que los almuerzos semanales celebrados en la Casa Rosada entre Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Ministro del Interior, Wado de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, convertidos en el principal ámbito de concentración de las decisiones gubernamentales,  habían sido sustituidos por encuentros periódicos de la denominada “mesa bonaerense” en la sede de la gobernación de La Plata, donde Kiciloff pasó a oficiar de anfitrión de los mismos comensales, pero sin Fernández ni Cafiero.  La puntada final de este cambio de escenario ocurrió  la semana pasada cuando se sumó precisamente a Cafiero a esas deliberaciones. Dicho en otros términos: en La Plata se reúne ahora con Kiciloff el elenco de funcionarios y dirigentes que antes lo hacía semanalmente con Fernández. Las novedades son la presencia del gobernador y la ausencia del presidente.

Más allá de las teorías conspirativas o de las interpretaciones psicologistas sobre las características  del vínculo de la dupla presidencial, esta mutación responde a una realidad estructural: la coalición oficialista, con Fernández incluido, sabe que su destino se juega a suerte y verdad en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Si llegara a perderlas, la crisis de gobernabilidad estaría a la vuelta de la esquina. Esto no  supone de ninguna manera que ganar esa elección sea sinónimo de éxito, pero por lo menos prolonga la incertidumbre. La prioridad exclusiva y excluyente de la acción gubernamental es entonces la victoria electoral en el territorio bonaerense, una meta  que implica erigir al conurbano en el epicentro de su gestión. Todo lo demás, por importante que sea, queda supeditado al cumplimiento de ese objetivo de supervivencia. De allí que las recomendaciones  surgidas de las deliberaciones de esa “mesa bonaerense” se conviertan en directivas que el gobierno nacional se encuentra obligado a cumplir.

El Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, a la vez secretario general del Movimiento Evita, cuando señaló que en el conurbano bonaerense “una chispa puede encender la pradera”, estampó con esa frase una metáfora que  que condensa cabalmente la principal preocupación del oficialismo. Las cifras sobre el incremento de los índices de pobreza y de indigencia y su impacto sobre la niñez, cuyo elevado porcentaje acompaña al sistemático descenso del ingreso por habitante en la  última década y brutalmente acentuado con la formidable caída del 10% del producto bruto interno como resultado de la pandemia en 2020, avalan ese inquietante diagnóstico.

Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la UCA, considera que en el cordón industrial del Gran Buenos Aires se registra una segunda oleada de pobreza estructural, encarnada esta vez por una ancha franja de la clase media baja que se ve empujada hacia un estado de marginalidad social y que por primera vez en su vida se encuentra compelida a recurrir a los planes asistenciales y sumarse a las colas en los comedores comunitarios.  Salvia explica que asistimos al agotamiento del modelo surgido de la crisis de diciembre de 2001, que ocasionó una verdadera explosión  de la pobreza. Dicho modelo estaba fundado en “el empoderamiento de los pobres consumidores”. Este análisis resulta corroborado por las críticas surgidas de la dirigencia de los movimientos sociales sobre el último aumento dispuesto en la asignación  de recursos para la Tarjeta Alimentar en detrimento de los programas de apoyo al desarrollo de las cooperativas de trabajo. Esas objeciones constituyen también una admisión implícita de la necesidad de alentar la inversión productiva como requisito insustituible para crear nuevas fuentes de trabajo y combatir la pobreza y la exclusión social.

Frente a este cuadro de creciente deterioro, que alimenta la hipótesis de un estallido social de dimensiones y consecuencias políticamente imprevisibles, la respuesta oficial, dictada por el instinto de supervivencia, es la decisión de atender a esa emergencia sin reparar en la limitación de los recursos fiscales, incrementados por el fuerte aumento de la recaudación impositiva y los mayores los ingresos de divisas derivados del aumento del precio de los commodities agrícolas, que le ha otorgado a la Argentina un auxilio para su apretada balanza de pagos. Esta prioridad insoslayable es la razón objetiva del conflicto entre la “mesa bonaerense”, que en los hechos se transformó en la máxima instancia resolutiva del gobierno, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, quien ve cada vez más reducido su margen de maniobra en las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, gestiones que requieren la asunción de compromisos de austeridad fiscal que en las actuales circunstancias carecen de base de sustentación política. Esta imposibilidad fáctica lleva a un juego de postergaciones orientado a llegar a las elecciones de noviembre sin entrar en cesación de pagos y en medio de  un muy angosto desfiladero entre los abismos de la estampida inflacionaria y los saqueos a los supermercados.

Más allá de las apreciaciones críticas que pueda merecer su racionalidad económica, la suspensión temporaria de las exportaciones de carne vacuna, las posturas de la Argentina en los foros diplomáticos en el conflicto de Medio Oriente y la situación de Venezuela y el  documento difundido el 25 de mayo por el Instituto Patria, con la firma de una enorme cantidad de dirigentes políticos y personalidades públicas  del “kirchnerismo”, con sus propuestas sobre la reformulación de  las negociaciones internacionales de la Argentina y la necesidad de volcar hacia el consumo interno los recursos derivados del incremento del precio de los commodities y hasta de los 4.300 millones de dólares que corresponderían a la Argentina por la ampliación de los derechos especiales de giro del FMI, no representan otra cosa que una ideologización de carácter discursivo carente de toda viabilidad política. Esa misma caracterización, más cercana a la letra de una canción de protesta o a las consignas de una agrupación estudiantil que a un programa de gobierno, merece otras iniciativas como la estatización de la Hidrovía, concebida por sus autores como un instrumento  de control estatal del comercio exterior.

Estos continuos vaivenes del gobierno y la imagen de parálisis que suele irradiar obedecen a una causa estructural. En las circunstancias políticas de la Argentina de hoy, es indispensable  distinguir entre la coalición de gobierno y el conjunto del sistema de poder. En la primera, expresada en el Frente de Todos, sobresale la hegemonía de Cristina Kirchner, quien en tal carácter imprime su sesgo a la gestión  gubernamental.  El fracaso de Guzmán en su intento de remover a Federico Basualdo en la Subsecretaría de Energía Eléctrica terminó de consagrar esa realidad. Pero esa coalición no está envasada al vacío. Está forzada a funcionar dentro de un sistema de poder extraordinariamente complejo, conformado por un entramado  diverso que integra también a la oposición política, los distintos poderes territoriales (gobernadores e intendentes del conurbano), los sectores empresarios, los medios de comunicación social, la corporación judicial y las organizaciones de la sociedad civil. Cristina Kirchner puede imponer su voluntad política en la coalición oficialista pero le ha resultado absolutamente imposible trasladar esa hegemonía al conjunto de ese sistema de poder vigente y sus recurrentes intentos de modificarlo, simbolizados en la tentativa de avanzar sobre el Poder Judicial, cuya máxima expresión es la Corte Suprema de Justicia, se han revelado estériles. En otros términos, la dinámica de la coalición gobernante catapulta  a la vicepresidenta a un lugar de poder que no está en condiciones de ejercer.

El sector hegemónico de la coalición gubernamental, liderado por Cristina Kirchner, no está hoy en condiciones de gobernar la Argentina, como quedó acreditado en la derrota padecida en las elecciones de 2015, en la renovación legislativa de 2017, cuando la actual vicepresidenta fue vencida por Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires y también en la contienda de 2019, cuando se vio obligada a resignar su candidatura presidencial para ungir en su lugar a Fernández. Pero tampoco constituye una alternativa de gobierno  una  oposición política derrotada en las elecciones de 2019, que carga sobre sus espaldas el fracaso del gobierno de Mauricio Macri. Paradójicamente,  tanto el oficialismo como la oposición están forzados a mantener su unidad interna por sobre cualquier ensayo de ampliación o reformulación política. Nada indica entonces que esa situación de parálisis estructural, que remeda a lo que en otras circunstancias históricas Juan Carlos Portantiero definió como  “empate hegemónico”, pueda ser modificada en las elecciones legislativas de noviembre.

Una característica de esta polaridad signada por la impotencia y puesta de manifiesto por la pandemia, es la consolidación de la Región Metropolitana en el epicentro de la política nacional, hasta el punto que la política sanitaria esté absolutamente subordinada a lo que sucede en ese reducido ámbito geográfico donde se concentra el 30% de la población argentina. Con una particularidad: el AMBA expresa también con crudeza  la dualidad estructural de la Argentina, exhibida en el contraste entre la ciudad de Buenos Aires, cuyo ingreso por habitante triplica al promedio nacional, gobernada desde hace catorce años por el PRO, y el Gran Buenos Aires, asiento principal de la pobreza y de la marginalidad social, y – a la vez – cuna y bastión tradicional del peronismo y actual columna vertebral del electorado de Cristina Kirchner.

Todo esto ayuda a interpretar mejor el significado de ciertos movimientos aparentemente dispersos surgidos en el peronismo territorial, en particular en la Región Centro, núcleo fundamental del complejo agroindustrial de la Argentina. En este terreno cabe inscribir a la acción que empezó a  desplegar el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, cada vez más independizado del gobierno nacional y  enfrentado con la versión local del  “kirchnerismo” de la provincia mediterránea. En idéntica dirección, corresponde asimismo incluir al incipiente protagonismo asumido por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien salió a criticar públicamente al gobierno nacional por la suspensión de las exportaciones de carne y rompió su clásica neutralidad política para impulsar la constitución de una línea interna del peronismo provincial, a la que bautizó significativamente “Hacemos Santa Fe”, en inocultable paralelismo con Hacemos por Córdoba, la alianza liderada por Schiaretti. El reciente acuerdo para realizar gestiones internacionales para la  adquisición de vacunas contra el Covid 19 formalizado  por las tres provincias de la Región  Centro, que incluye a Entre Ríos gobernada por Gustavo Bordet, supone un avance en la construcción  de un  bloque po de base territorial pero con potencial incidencia política nacional, que busca expresar una realidad distinta a la subsumida en la Región Metropolitana

En otro plano, pero en la estratégica provincia de Buenos Aires, la famosa “madre de todas las batallas”, emerge una corriente encarnada por Florencio Randazzo como una expresión embrionaria de un sector del peronismo bonaerense  marginado por Kiciloff, enfrentado con el aparato partidario  y disconforme con el encumbramiento de Máximo Kirchner y con la expansión de La Cámpora. Esta irrupción pretende  capitalizar el descontento colectivo originado en esa ”segunda oleada de pobreza” aludida por Salvia, que resulta retroalimentada por un ritmo inflacionario que el gobierno no parece estar en condiciones de frenar. Más allá de su importancia cuantitativa, todavía incierta, esa aparición de Randazzo, respaldada entre otros por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, adquiere una singular relevancia  cualitativa  porque amenaza provocar una ruptura en el corazón electoral del Frente de Todos.

Junto a esos síntomas incipientes de recomposición de fuerzas registrados  en el peronismo, aparecen en Juntos por el Cambio algunas expresiones que plantean la superación de “la grieta”. En su manifestación moderada, esta variante crítica es encarnada por Rodríguez Larreta, con su propuesta de ampliar las bases políticas de la  coalición opositora, mientras que su versión más rupturista, corporizada precisamente en la provincia de Buenos Aires, está representada por figuras como Emilio Monzó y Joaquín De la Torre. La verdadera alternativa al jacobinismo encaramado en el gobierno no es otro jacobinismo de un signo ideológicamente opuesto, sino la construcción de un sistema de poder que, más allá de los resultados de las elecciones de noviembre, sea capaz de garantizar una estrategia de cooperación política y concertación social para articular los consensos necesarios para dejar atrás el prolongado ciclo de estancamiento que padece la Argentina.

Sobre el autor: Pascual Albanese, periodista, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estrategico, cofundador del Foro del Peronismo del Siglo XXI y de la Red NAP (Nueva Acción Politica). Suprimi lo que te parezca.

1 Comentario

  1. No hay dos jacobinismos enfrentados ni la solución es una concertación social. Esa es una mirada peronista de la realidad. La realidad es que la norma de convivencia social es la Constitución liberal que tenemos como limite al poder absoluto y garantia de los individuos. El peronismo no reconoce límites al ejercicio del poder ni en la Constitución ni en las libertades y dignidad individuales. No es posible el diálogo porque no aceptan la regla de convivencia política (C.N.).

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