El millonario negocio del aborto se instalará en Argentina el próximo año

En 2018, cuando culminaba el primer debate que terminó con el aún inolvidable rechazo aquel 8 de agosto en el Senado, el politólogo y escritor Agustín Laje ya advertía que, si se legalizaba el aborto, el verde que saldría ganando no sería el del pañuelo, sino el de los millones de billetes que desembolsarían las organizaciones que lucran con el aborto. Dos años después, el tiempo le dio la razón.

Horas después de que el Senado le diera sanción definitiva hace unos días al proyecto de ley presentado por el gobierno de Alberto Fernández, la IPPF (International Planned Parenthood Federation), la organización abortista más grande de todo el mundo con más de 46 mil sucursales a nivel mundial (superando incluso a Mc Donald’s que tiene más de 33 mil) sacó un comunicado celebrando este hecho que marcará un antes y un después en la historia argentina.

En él menciona lo difícil que es asentar esta práctica en Latinoamérica por la resistencia que hay en general en esos países y por ello pone de ejemplo a la Argentina como “cabecera de playa” para que los demás países que no lo tienen legalizado aún también sucumban ante la agenda del descarte.

Ahí mismo revela cómo fue operando en el país durante los últimos 15 años:

“IPPFWHR ha nutrido un ecosistema de organizaciones y activistas feministas durante más de 15 años que contribuyeron a hacer posible el día de hoy. IPPFWHR apoya directamente a siete socios en Argentina, quienes a su vez subvencionan fondos a otras 20 organizaciones de base de todo el país. Se han unido en torno a actividades compartidas, como el asesoramiento a los responsables de la formulación de políticas y asegurando que una sólida comunicación a favor del derecho al aborto permanezca prominente en el discurso público. También están planificando activamente cómo apoyar mejor la implementación de la nueva ley”.

En el comunicado explica que selecciona a las ONGs con más relevancia política y mediática, se las financia sostenidamente y se las utiliza para a su vez financiar a otras “20 organizaciones” que repliquen la metodología.

También explica la bajada de línea mediática y política desde arriba hacia abajo (a través de periodistas, universidades, artistas, periodistas y partidos políticos) hasta llegar a, lo que sería para la IPPF, la mano de obra barata que son las adolescentes que se ponen el pañuelo verde pensando que son “revolucionarias”, para aparentar que el aborto es una “deuda de la democracia”, como han sabido decir los legisladores verdes (a pesar de que la gran mayoría de las encuestas mostraban un contundente rechazo social al aborto).

Incluso, de forma llamativa, la misma multinacional felicitó en el mismo comunicado a dos senadoras que definieron su voto a último momento: Lucilla Crexell de Neuquén (que en 2018 se abstuvo) y Stella Maris Olalla de Entre Ríos (que incluso estaba dentro de un grupo de WhatsApp de legisladores a favor de las dos vidas, según reveló la abogada y periodista Ana Belén Mármora).

Sus registros muestran que la IPPF financió, entre otras organizaciones a: Casa FUSA (su filial), “Católicas Por el Derecho a Decidir”, CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad), Asociación Civil Pro Amnistía (sede argentina de Amnistía Internacional, organización inglesa), Fundación Huésped, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y FEIM Argentina.

Todo esto expone lo que desde el principio denunciamos: el aborto es parte de una enorme agenda que se busca imponer a nivel global y Argentina se convirtió en uno de los tantos países que sucumbió a la misma. Quien ganó la madrugada del 30 de Diciembre no fueron las feministas adolescentes, tampoco Ofelia Fernández, ni siquiera el presidente Alberto Fernández (aunque sí le sirvió para rescatar su nefasto primer año de gestión), sino la IPPF que cada vez más sigue expandiendo su negocio en todo el mundo a costa de las mujeres embarazadas que recurren a la práctica y, por supuesto, los niños en gestación que se convierten en mercancía para esta multinacional.