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Un bebé de 7 meses abortado alegando causal de salud mental de la madre. Un Congreso que no legisla en la materia. Una Corte Constitucional que en medio de las manifestaciones a favor y en contra, se inhibe para pronunciarse en la materia. Las organizaciones proaborto insistiendo en continuar con esta práctica incluso en tiempos de pandemia. Ese es el panorama sobre el aborto en Colombia.

Abortaron a JuanSe con 7 meses

La controversia sobre el aborto en Colombia revivió con el caso de Juan Sebastián, un bebé de siete meses de gestación abortado el pasado mes de febrero.

Los hechos se originaron en la ciudad de Popayán, al suroeste del país cafetero. El embarazo fue fruto de la relación entre Juan Sebastián Medina y su novia.

El padre manifestó que su relación fue consensuada y que el bebé al momento del procedimiento, no sufría ningún tipo de deformación que pusiera en riesgo su vida.

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Según declaró el joven, hubo presión por parte de la familia de la madre y de Profamilia (organización afiliada a la International Planned Parenthood Federation – IPPF) para terminar con el embarazo.

En reiteradas ocasiones, el sr. Medina insistió que por su avanzado tiempo de gestación, el bebé podría sobrevivir fuera del cuerpo de su madre y que estaba dispuesto a  cuidar de su hijo él sólo.

Pero ni los ruegos del padre, ni una acción de tutela y tampoco el dictamen del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán, solicitando a una Entidad Promotora de Salud – EPS, realizar valoración médica y psicológica a la joven, impidieron que Profamilia llevara a cabo el procedimiento, arguyendo la causal de salud mental.

Toda la situación fue expuesta en el país alrededor de 15 días, en los que surgieron varias inquietudes, por ejemplo ¿La joven fue notificada de otras alternativas, como la de inducir el parto, o entregar al bebé en adopción? ¿Le fue  informada la intención del padre de criar a su hijo sin su apoyo? ¿Qué sucedió con los restos del bebé?

Inmediatamente después de lo sucedido, se interpusieron recursos jurídicos con el objetivo de iniciar una investigación judicial.

La posición de la Corte constitucional

La Corte Constitucional de Colombia, en mayo de 2006, mediante sentencia C-355/06, despenalizó el aborto en el país, en tres causales muy específicas: Cuando exista grave malformación fetal que haga inviable la vida extrauterina de la criatura, cuando existe peligro para la salud física y mental de la madre, o en caso de violación o inseminación artificial no consentida.

El código penal colombiano, establece penas de hasta 54 meses de prisión para la mujer se efectúe un aborto y para quienes se lo practiquen.

Expertos en la materia, consideran que a través de la sentencia C-355/06, la Corte Constitucional no solamente estableció excepciones al delito, en detrimento de la vida de los no natos, sino que “usurpó” funciones del Congreso de la República, ya que las modificaciones a la ley penal colombiana, no son competencia de esa alta corte.

Lo cierto es que el Congreso de Colombia, no se ha encargado de legislar sobre el particular y los medios nacionales lo atribuyen a lo polémico del asunto.

El pasado lunes 2 de marzo, ante dos demandas que le solicitaban a la Corte Constitucional penalizar el aborto en todos los casos, este órgano (en medio de manifestaciones a favor y en contra) se declaró inhibido para pronunciarse, basándose en la ausencia de fundamentos jurídicos de las mismas.

Profamilia: asociación financiada por la IPPF

Profamilia se define a sí misma como: “una organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de toda la población colombiana”.

El movimiento provida Colombiano, informó que la Directora Ejecutiva de Profamilia, Marta Elena Royo, manifestó como el 90% de los abortos que se realizan en dicha institución, se sustentan bajo la causal de salud mental.

De acuerdo a la FM, dicha institución, en cuatro años, realizó alrededor de 56.000 abortos y recibió del sistema de salud, cerca de $100.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente $27 millones de dólares estadounidenses, a valores de junio de 2020).

También denuncian supuestas manipulaciones a los casos que atiende Profamilia.  Juan Carlos Vargas, asesor científico de esta entidad, en marzo de este año, fue grabado explicando la manera en que se usa la causal de riesgo para la madre:

“no necesitamos que la mujer tenga una enfermedad como tal, para poder certificar la causal salud (…)”

Básicamente el médico, explica como “saltarse” la ley y así realizar abortos sin restricción de causales, ni de tiempo afirmando:

“(…) si me dice que desde que se enteró que está embarazada ha estado con llanto fácil, ha tenido sentimientos de desesperanza, ahí está, con que escriba eso en la historia es suficiente (…)”

Oriéntame

Oriéntame, es otra organización, pionera en la prestación servicios de aborto en Colombia. En días recientes, circula un polémico video donde se ve a la enfermera Edna Paola López, quien explica como “orientar” a las mujeres en estado de  gestación, para que acepten que su caso sea incluido en la causal de salud mental y así justificar la práctica del aborto.

Finalmente, se concluye esta nota con las palabras del padre de Juan Sebastián:

“¡Quiero invitarlos a que no permitamos que hayan más JuanSes en Colombia! Ningún niño debe ser abortado y la pérdida de mi hijo no puede ser en vano (…)”.

Sobre el autor: Julián Andrés Flórez, es Magister en Administración Pública y se ha desempeñado profesionalmente como consultor, investigador y docente universitario en Colombia.
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