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Ayer 20 de Junio, Día de la Bandera en Argentina, el pueblo salio a agitar las banderas con el objetivo de reclamar al gobierno nacional por la intervención y posible expropiación de la empresa familiar Vicentín, entre otras medidas dictatoriales.

El #BanderazoNacional fue convocado por ciudadanos y trabajadores autónomos y se llevó a cabo en más de 80 ciudades. El objetivo principal de la movilización fue la defensa de la propiedad privada y, puntualmente, el pedido de no expropiar Vicentín. Uno de los lemas de la multitudinaria manifestación fue: “Hoy es Vicentín mañana sos vos”.

Otros de los motivos que llevaron al pueblo a salir fueron el avasallamiento a la constitución, el ajuste a los jubilados, la prohibición que pesa sobre miles de argentinos de abrir sus comercios, el avance sobre la justicia, la liberación de delincuentes y el cyberpatrullaje. 

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Alberto Fernández al pueblo

Por la mañana, Alberto Fernández brindo una entrevista al militante kirchnerista y periodista Roberto Navarro y aprovecho para menospreciar la palabra del pueblo.

En la entrevista, Fernández afirmó “No me preocupa el banderazo; es gente que está confundida”. 

Respuesta del Campo a Alberto Fernández

Ante los dichos del presidente, el sector más productivo del país le respondió.

Matías Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), le dijo a La Nación: “Los productores no están equivocados. Si no entienden bien el mensaje del campo, se va a generar un conflicto grande entre el campo y el Gobierno”.

Expropiación

El día viernes 19, el juez Fabían Lorenzini apartó a los interventores designados por Alberto Fernández y solo los dejo como veedores sin poder de toma de decisiones.

Ante la decisión de la Justicia, el presidente dijo “Si el juez nos dice que no, no queda otra camino que expropiar”.

Recordemos que si el gobierno quiere seguir el camino de la expropiación deberá ir al Congreso y conseguir Quorum en la sesión.

 

Ayer, Fabián Lorenzini, el juez que tiene el concurso de la cerealera, que declaró una deuda de casi $100.000 millones, apartó a los interventores designados por el presidente Alberto Fernández y los dejó solo en calidad de veedores.

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