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Durante la cuarentena aumentaron considerablemente los casos de abuso sexual infantil.

Desde el gobierno nacional el Ministerio Público Tutelar (MPT) dio a conocer un informe, el pasado 11 de mayo, sobre un aumento del 76% en casos de abusos en la infancia. “En marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas recibió 2875 casos de explotación sexual para investigar. En abril, aumentaron a 5060″. Generalmente, la mayoría son delitos que se los asocian con el Grooming. (Es el acoso sexual de adultos mayores hacia menores de edad mediante plataformas digitales como las redes sociales)

Son datos que verdaderamente alarman a nivel nacional e internacional. Según un informe realizado el año pasado a 40 países, por el diario londinense The Economist, en colaboración con The World Childhood Foundation y OAK Foundaton, que medía la capacidad de respuesta en casos de abuso sexual infantil, Argentina es uno de los países con peor capacidad resolutiva y de atención a dichos casos, quedando posicionada en el puesto 35, quedando incluso por debajo de Uganda y Ruanda (países africanos). “No me sorprende el resultado del informe y el lugar que ocupa la Argentina. Cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, la ausencia del Estado resulta evidente“, dijo Paula Wachter, fundadora y directora de Red por la Infancia. Los puntajes van del 0 al 100 (la Argentina obtuvo 45,4) y tienen en cuenta cuatro variables: el contexto en donde ocurre el abuso y la respuesta que recibe de parte de los sistemas de protección; el grado en el que el marco legal de un país ampara a los niños y niñas contra la violencia sexual; si se está desplegando el compromiso y la capacidad del gobierno para invertir recursos, equipar a las instituciones y al personal para que respondan de manera apropiada; y la participación del sector privado, la sociedad y los medios de comunicación.

A nivel nacional, y basándonos en el informe de The Economist, son pocas las estadísticas que nos brinda el gobierno en colaboración con agrupaciones independientes. Hay que remontarnos en el tiempo para analizar un informe realizado por la Secretaría de niñez, adolescencia y familia (SENAF) en el año 2018, donde plantea que sobre 18.900 pedidos de intervenciones de esta secretaría por distintos motivos, unos 2.600 correspondieron a casos de abuso sexual. Corresponde un aumento del 14% en comparación al 2017. 

Volviendo a la actualidad no solamente bastó el pésimo desempeño que tiene el estado sobre este tema y la poca información que hay, sino que también a esto se le suma la poca colaboración por parte del poder judicial. Un caso que se dio a conocer en las últimas semanas, a raíz de la liberación masiva de presos con la excusa de la pandemia, fue la del Juez Víctor Violini. Durante los primeros días de abril, este Juez de la Cámara de Casación Penal Bonaerense, hizo lugar a una acción de Habeas Corpus correctivo, presentado por 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires en donde se exigía la liberación de un grupo de 2300 reclusos considerados población de riesgo, tanto en cárceles como en comisarías, en donde la principal razón esgrimida fue el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales. El 23 de abril, Violini firmó el pedido presentado sobre la liberación de los criminales. “Si la pandemia se instala en las cárceles, hay dos opciones: o dejarlas morir adentro de las cárceles o sacarlos para atenderlos en los hospitales públicos bonaerenses por coronavirus” afirmó. 

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¿Qué fue entonces lo que generó tanto revuelo y repudio por parte de la sociedad y los medios de comunicación? Entre tantos presos que iban a salir con “prisión domiciliaria” se encontraba Pedro Olmos un hombre de 68 años quien abusó sexualmente de una niña de tan solo 13 años el pasado 13 de abril de 2019 durante el cumpleaños de uno de sus nietos. Este violador agarró del brazo a su víctima y se la llevó para la casilla donde él vivía y abusó sexualmente. Acto posterior le ofreció plata para que no dijera nada de lo que había pasado. Una vez que la víctima contó lo que le había hecho este pedófilo, la familia hizo la denuncia y cuando la policía lo fue a buscar, Olmos ya se había fugado. Estuvo 5 meses prófugo de la justicia y una vez detenido en la comisaría 8va de Burzaco, la fiscal de primera instancia había solicitado que se le realizara un juicio abreviado con la pena a cumplir de solamente 8 años. Pasado el tiempo y con la pandemia de por medio la defensora oficial del imputado solicitó una morigeración de la prisión preventiva (arresto domiciliario). El juez de Garantías que tenía a cargo la causa se la negó, pero habilitó un traslado a la Alcaldía de Lomas de Zamora. Una semana después, el 3 de abril, el abogado de Olmos presentó frente a la Cámara de Casación penal bonaerense un hábeas corpus argumentando que Olmos era un preso en condición de riesgo frente al coronavirus.  El juez Violini hizo lugar al recurso y tomó por ciertos los argumentos del acusado sin contrastarlo con los informes médicos, según el abogado de la familia de la víctima. Los 2 puntos más indignantes de esta aberrante decisión por parte del juez son, que el domicilio del pedófilo estaba en un radio relativamente cercano a su víctima (5km) y que por otro lado, y según el abogado de la víctima, Violini nunca notificó a la familia de la víctima sobre la decisión de beneficiar a Olmos con la prisión domiciliaria. Hablando en términos jurídicos no contempló (La obligación de notificación a la víctima en los términos de los arts. 5 inc. l) ley 27.372 y 80 inc. g) del código procesal penal de la nación. En otras palabras, y al día de la fecha este pedófilo esta suelto.

Me parece que en este tipo de situaciones el poder judicial debe trabajar en conjunto con el estado, más allá de las diferencias políticas que puede haber de ambos lados. Estamos hablando del sector más vulnerable de nuestra sociedad que son los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Un informe elaborado durante la gestión del gobierno anterior (2016) menciona que más de la mitad de los casos de abuso sexual infantil ocurren en las propias casas (53%). El 47% de los casos son víctimas de entre 6 y 12 años. El 75% de los agresores son familiares, el 89% de los victimarios son de género masculino, y casi la mitad de los agresores (49%) tiene entre 18 y 40 años.

Esto nos quiere decir que es muy difícil detectar este tipo de delitos ya que suelen ocurrir puertas para adentro y las víctimas no suelen hablar ya que son extorsionados por sus abusadores que generalmente suelen ser los menos pensados, los familiares. Por eso la justicia debe tener un margen de tolerancia 0 con este tipo de delitos, aplicando las penas más duras que tiene nuestro ordenamiento jurídico para que no vuelvan a suceder. También debería repudiar medidas como la que dictó el juez Violini, ya sea mediante la destitución del cargo por mal desempeño a través del consejo de la magistratura o desestimar la medida dictada, ya que de lo contrario solo muestran una gran vulnerabilidad y deja una puerta abierta a las críticas y a sospechar que el poder judicial no está actuando como debería… Por parte del estado, es importante que invierta recursos económicos ya sea en asistencia social como en el mejoramiento de las instituciones ligadas a este tipo de delitos, para que haya una mayor rapidez en la detección de estos casos como en el manejo de información que hoy en día es muy escasa. 

En estos casos delicados, todos debemos tirar para el mismo lado ya que se trata de nuestros chicos que son indefensos hacia sus abusadores, sería decepcionante que el estado y el poder judicial muestren un claro desinterés porque daría la impresión de que en el fondo estaría siendo cómplice de personas como Pedro Olmos. 

Sobre el autor: Álvaro Juan González Salazar es estudiante de Derecho en la UBA.
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