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El sector agropecuario teme por el futuro del campo si se concreta la expropiación.

Con el anuncio de Alberto Fernández acerca de la intervención de la gran agroexportadora santafesina Vicentín, el Gobierno Argentino volvió a tomar la acción de avasallar la propiedad privada. Intervenciones de este estilo no ocurrían desde lo sucedido con YPF en 2011, cuando se decidió por nacionalizar la petrolera de manera polémica.

El Estado argentino cuenta con un lamentable y extenso historial de empresas expropiadas a lo largo de la historia. Desde el Banco Central hasta Aerolíneas, y la inminente expropiación del  Vicentin, son innumerables los casos en los que se estatizó la propiedad privada bajo el pretexto del “bienestar de la sociedad”.

Es de público conocimiento que dicho propósito es solamente una fachada para encubrir el clientelismo y la corrupción que conlleva todo este proceso. Es el medio más utilizado para expandir la política propagandística del Estado benefactor, buscando comprar los votos de la ignorante sociedad

Además, como toda actividad estatal, se emprende de forma deficitaria sin ninguna importancia por la ganancia, la productividad y la eficiencia. Por ello, en una empresa estatal nunca se debe analizar únicamente el resultado de la empresa, sino que también los fondos que destina el Estado hacia ella. Esto se debe a que varias expropiaciones son comúnmente utilizadas para desviar fondos, por lo que se podría llegar a un resultado óptimo pero de manera ineficiente.

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Además, desde el punto de vista moral, tampoco es correspondiente que el Estado, constituido y financiado por todos los contribuyentes del sector privado, deba hacerse cargo de la mala administración del ente, y menos aún de la deuda contraída por ellos. Menos aún si se encuentra en concurso preventivo y hay interesados del sector privado.

A continuación, resumiré algunas de las más influyentes estatizaciones de entidades del sector privado, para así valuar si el Estado pudo mejorar o no el funcionamiento de las mismas.

Banco Central de la República Argentina

En el año 1946, inmediatamente anterior a la asunción presidencial de Perón, se decidió nacionalizar la máxima entidad del sistema bancario argentino, destruyendo todo tipo de independencia gubernamental que debe poseer cualquier Banco Central.  

Con la llegada del peronismo al poder, fue utilizado para canalizar el crédito y abaratar el dinero, desarrollando diferentes actividades productivas. El problema es que dicha flexibilidad se logró mediante la nacionalización de todos los depósitos privados, por lo que básicamente el Estado se adueñó de todo el dinero que la sociedad poseía en los bancos, sin respaldo fiduciario alguno.

Se podría decir que en ese corto plazo si se desarrollaron fuertemente las actividades productivas gracias a la expansión del crédito. Sin embargo, la principal función de todo Banco Central es mantener constante el valor de la moneda nacional, y no lo logró desde ningún punto de vista.

Como se ve en el siguiente cuadro, claramente se notifica que hay una sostenida aceleración desde la nacionalización ya mencionada, debido a la exorbitante emisión monetaria para financiar al Estado y “sus caprichos”. Casualmente, la única época donde se cumplió dicho objetivo fue en la década de 1990, donde se aplicó la ley de Convertibilidad. Aquí, el BCRA no podía emitir más masa monetaria que el respaldo que proporcionaban las reservas en dólares, función similar a la Caja de Conversión instaurada en 1890.

Finalizada esta época, el BCRA volvió a perder su independencia estatal y así la inflación volvió a azotar a la sociedad, problema que perdura hoy en día

Aerolíneas Argentinas

“La Aerolínea de Bandera” nace en 1950 luego de la unificación y estatización de tres aeronaúticas (FAMA, ZONDA y Sociedad Mixta de Aviación del Litoral), mediante un decreto de Juan Domingo Perón. Luego de varios idas y vueltas entre estatizaciones y privatizaciones, en el 2008 durante el mandato de Cristina Kirchner, se nacionalizó definitivamente la empresa, expropiándola del Grupo Marsans.

Analizando su resultado, se ha mejorado su desempeño en la gestión kirchnerista. Se recibió una empresa con un déficit de u$s 900 millones y en 2015 el balance reflejó un resultado negativo de u$s 460 millones. Por más que se redujo en un 50% el déficit, no deja de ser déficit, algo inaceptable en cualquier empresa que compita en el sector privado.

Pero lo más interesante, como ya aclaré, es analizar cuantos fondos fueron destinados para manejar la empresa. Durante toda la gestión kirchnerista, se destinaron nada más ni nada menos que u$s 5200 millones (Para tomar dimensión, a la cotización oficial del día de hoy, el gasto corresponde al pago de 30 millones de jubilaciones mínimas), demostrando una total ineficiencia en el proceso. Los números no fueron mejores durante el Gobierno de Cambiemos, ya que en cuatro años se destinaron u$s 1000 millones y se cerró 2019 con un déficit de u$s 570 millones.

Además, se utilizó a Aerolíneas para emitir propaganda gubernamental y hacer campaña electoral, además de intrometer facciones partidarias al oficialismo y así controlar el interior de la empresa.

YPF

Sin lugar a duda, YPF es la empresa más importante de la historia argentina. Enfocada en la industria petrolera, también tuvo varios vaivenes entre manos públicas y privadas. Como es de público conocimiento, actualmente el Estado posee el 51% del capital de la empresa luego de la expropiación a Repsol en 2012.

En materia de inversiones y producción, se han visto grandes avances en la empresa. Bajo la gestión del reconocido empresario Miguel Galuccio, han aumentado las exploraciones en pozos un 300% y las perforaciones un 33%. Sin embargo, en materia financiera, los resultados no han sido óptimos, considerando que desde 2015 todos sus resultados anuales fueron negativos. Inclusive, en el último año, presentó pérdidas por $33.000 millones, un déficit $2.000 millones menor por el cual fue estatizada.

Valga la redundancia que el Estado Argentino debió pagar una indemnización a Repsol por u$s 5000 millones, que a fin de cuentas pagó toda la sociedad mediante impuestos, y además persiste un juicio en la Corte del Distrito Sur de NY, con Burford Capital como demandante. Se le exige al Gobierno el pago de entre u$s1000 millones y u$s9000 millones, casi el total de las reservas netas del BCRA.

Lo mismo sucedió con la expropiación de Aguas Argentinas, donde se debió indemnizar a Suez con el pago de u$s250 millones. Inclusive, para la expropiación de Aerolíneas Argentinas, se debió indemnizar al grupo Marsans por u$320 millones. Ergo, expropiar no sale gratis, y es pagado mediante el aporte de los contribuyentes.

Otros casos de expropiaciones

Se podría seguir numerando varios casos de expropiaciones como la del Correo Argentino o Metrogas. En el caso del Correo, fue la primera empresa estatizada en la gestión de Néstor Kirchner, en 2003, quitándosela al grupo SOCMA (Flia Macri). En ese entonces, mantenía una deuda con el Estado de u$300 millones, que luego de 17 años de nacionalización todavía no fue abonada ni reestructurada. Inclusive, la empresa se mantiene a pérdida, ya que en el último trimestre de 2019 presentó un resultado negativo de $500 millones, que a largo plazo pierden todos los contribuyentes.

Sin embargo, con los mencionados casos ya se puede asumir que el Estado al expropiar, no logra otra cosa que tomar una empresa deficitaria, utilizarla como caja de financiación estatal, desviar fondos por allí e inclusive, poblarla de funcionarios oficialistas para utilizar la empresa como bunker partidario.

Nadie sabe si con Vicentín sucederá lo mismo o si finalmente el Estado recapacitará su accionar sobre que un Estado que no logra afrontar deudas en pesos ni en dólares, se haga cargo, con el dinero que aportan los trabajadores, de una suculenta deuda en dólares ante acreedores internacionales. Pero la historia habla por sí sola y las premisas no son favorables.

Por Nicolás Ginatta
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