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El lunes pasado Alberto Fernández anunció su primer proyecto de estatización. Se trata de la exportadora Vicentín, que se encuentra en concurso preventivo desde febrero del año pasado, y que acumula una deuda de u$s 1.350 millones. Sin embargo, la empresa de granos sería la primera en ser “rescatada” por el kirchnerismo. Vicentín se suma a siete compañías más: Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, YPF, Tandanor, Ferrocarriles Argentinos y Ciccone Calcográfica. 

 En el 2003, Néstor Kirchner inauguraba el “Estado empresario” con la reestatización del Correo Argentino. La empresa pertenecía al Grupo Macri desde 1997 y adeudaba alrededor de $300 millones de cánones. Así, el Gobierno se hizo cargo del servicio postal, sus trabajadores y pérdidas. En el 2018, tras varios recortes, el Correo Argentino presentó un déficit de  $2.265 millones.

 

El correo argentino aumento su rentabilidad hacia 2018, sin alcanzar un balance positivo

 La segunda estatización corresponde a Aguas Argentinas. Tras un prolongado enfrentamiento con el grupo Suez, Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión y creó la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos (AySA). De esta manera, el Estado asumió la responsabilidad de proveer agua potable y cloacas a once millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en diecisiete partidos del conurbano bonaerense. En el 2017, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sancionó a la Argentina con una multa de u$s 383 millones por haber rescindido el contrato con Aguas Argentinas sin indemnizar. 

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 En el 2008, el Gobierno de Cristina Kirchner pagó un peso por la recuperación de nuestra aerolínea de bandera. La expropiación de Aerolíneas Argentinas tenía como objetivo garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte y las fuentes laborales. La compañía pertenecía al grupo español Marsans. Luego de aprobarse la ley, el grupo presentó una denuncia ante el CIADI en busca de una compensación monetaria. Once años después, el Estado debió pagar una multa de u$s 320 millones. En el balance del 2018, Aerolíneas Argentinas y Austral presentaron un déficit de $21.800 millones.

Entre aplausos y cantos de “patria sí, colonia no”, el kirchnerismo festejaba la expropiación de YPF. El objetivo prioritario era el autoabastecimiento de hidrocarburos. Los interventores designados por Cristina Kirchner fueron Julio De Vido y Axel Kicillof.  En el 2013, YPF acordó con Chevron un desembolso de u$s 300 millones  para explotar Vaca Muerta. Hoy, la empresa de energía lidera el desarrollo en la región y tiene concedidos 12 mil km2. Por la estatización, el Estado argentino afronta un juicio que podría costarle hasta u$s 9.000 millones.

 Ciccone Calcográfica, perteneciente a la familia Ciccone, fue la última expropiación del Gobierno cristinista. El Congreso aprobó la ley en medio de las acusaciones hacia Amado Boudou por involucrarse en la compañía. Mientras el oficialismo argumentaba la importancia de la soberanía monetaria, la oposición denunciaba una operación de protección para el vicepresidente. El 2018, Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negocios incompatibles con la función pública. En el 2016 la Justicia ordenó al Estado pagar $ 350 millones por la expropiación de Ciccone.

 Todas las empresas expropiadas han representado un gran costo para el Estado a través de multas o déficit. La intervención de Vicentín podría tener el mismo resultado. El futuro de la empresa se definirá en el Congreso, aunque el proyecto de ley no se presentó aún. El kirchnerismo está intentando conseguir la mayoría, al mismo tiempo que reparte a sus legisladores un instructivo para defender la expropiación. Por otro lado, el bloque de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto. Los dueños de Vicentín también manifestaron su postura, calificando la expropiación como injusta, arbitraria e ilegal.

Por Simón Vázquez

 

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