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Luego de 62 ataques a silobolsas, varios funcionarios del gobierno comenzaron a ofrecer respuestas para proteger al sector más productivo del país.

El sector agropecuario ha sido víctima de diversos ataques en lo que va del año. Entre los principales delitos se encuentra la rotura de silobolsas, que ya ha afectado a 62 productores.

El Departamento Económico de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) estima un total de 5.700 toneladas de granos dañadas. “En cada intento de recuperar el grano se pierde un 15% del mismo. Sumado a que alrededor de 870 toneladas quedan sin poder recolectarse nuevamente”, sostuvieron desde CRA. El resto de los delitos incluye asesinatos, incendios intencionales, abigeato, usurpación y robo de maquinaria, cosecha y agroquímicos. 

 Desde CRA  fueron los primeros en mostrar preocupación por la situación. “Hacemos llegar nuestra solidaridad a todos aquellos productores que han visto desaparecer su trabajo en mano de delincuentes. Y sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva”, comunicaron desde la entidad. Además, confeccionaron un mapa de delitos con el objetivo de visibilizar el problema. Entre las provincias más afectadas están Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

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Acto seguido, integrantes de Juntos por el Cambio comenzaron a condenar los ataques. Luciano Bugallo, diputado provincial en Buenos Aires, presentó junto a Lucila Lehmann, diputada nacional por Santa Fe, una denuncia con el objetivo de investigar la posible existencia de los delitos de incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita e instigación a cometer delitos. “En la denuncia se aporta prueba respecto de todos los ataques hechos contra los productores y a su vez se acompaña prueba respecto de personas y militantes políticos que incentivan ataques”, afirmó Lehmann. Por otro lado, desde la Superintendencia de Seguridad Rural esclarecieron algunos ataques, relacionando sus causas a conflictos con empleados despedidos o animales.

Gisela Scaglia, Diputada Nacional por el PRO, también defendió al campo. En su cuenta de Twitter proclamó que atacar al campo equivale a atacar a todos los argentinos. La actividad agroindustrial es la principal generadora de divisas,  de cada 100 dólares que ingresan al país, 63,7 tienen como origen la industria agropecuaria y representa el 10% del PBI. Los gobernadores se tienen que ocupar de vigilar los campos a través de la policía y no abandonar. Hoy no se están haciendo los controles” afirmó Scaglia en una conversación con Alt Media. También, exigió apoyo por parte del Ministerio de Seguridad aportando mayor equipamiento, como móviles o drones. La Diputada santafesina atribuyó la falta de recursos a la pandemia. Sin embargo, añadió que esta no es excusa para abandonar a un sector tan productivo como el campo. “Hoy la seguridad de la Argentina es prioridad”, sentenció.

 Luego de tres semanas frecuentadas por ataques, Sergio Massa aportó una de las pocas respuestas por parte del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados firmó un proyecto que busca generar la figura típica de “vandalismo rural”, con penas que van entre dos y cinco años de prisión. “Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley que castigue el vandalismo rural”, sostuvo Massa. La iniciativa también abarca bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación. El proyecto contó con con el apoyo de varias agrupaciones rurales. Desde CRA afirman que esta réplica por parte del oficialismo genera esperanza. 

 El campo es el sector más productivo del país. Además de ser el principal generador de divisas, aporta 2 de cada 10 puestos de trabajo privado y abarca el 11% de la recaudación total de impuestos de la AFIP. La actividad industrial también representa un gran avance tecnológico. El límite entre campo e industria se ha ido borrando a partir de la producción de fibras, biomateriales y energía. El proyecto presentado por Massa y las declaraciones establecidas por la oposición demuestran la intención de múltiples actores políticos de proteger la industria agraria.

Por Simón Vázquez
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