En Venezuela se violan todos los derechos humanos establecidos por la ONU. Fuente: PanamPost.com
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Los derechos humanos son cada vez más pisoteados, la cifra de presos políticos y ejecuciones extrajudiciales sigue siendo alarmante en un país donde la justicia es pura ficción.

Organizaciones no gubernamentales como PROVEA, Foro Penal y Amnistía Internacional han seguido de cerca la violación sistemática y sostenida por parte del régimen castro-chavista de los derechos más fundamentales de todo individuo.

En relación a los presos políticos, un informe del Foro Penal avalado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, contabiliza un total de 382 personas detenidas injustamente por razones políticas.

Dicha lista, más allá de su división por edad, género y ocupación; se puede dividir en tres tipologías de presos políticos.

  1. Una categoría en donde se priva de la libertad a aquellas personas que individualmente representan una amenaza política para el régimen, por tratarse de ser líderes políticos o sociales de alto impacto social. En estos casos el objetivo de la detención es excluir a la persona del mundo político, neutralizarla como factor de movilización social o político, aislándolo así del resto de la población.” indica Foro Penal.
  2. En una segunda categoría se encuentran aquellas personas que forman parte de un grupo social que es necesario intimidar. Estudiantes, comunicadores, activistas de derechos humanos, jueces y militares son los que más resaltan en esta categoría.
  3. En una tercera categoría se encuentran aquellas personas que no representan una amenaza política individual, ni como parte de un grupo social pero son usadas por el régimen para sustentar una narrativa política de poder en un determinado momento.

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Un régimen asesino 

Entre enero de 2002 y mayo de 2019 se registraron 273 personas asesinadas mientras ejercían el derecho a la protesta.

La mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela son disfrazadas con la excusa de “resistencia a la autoridad”. Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), señala que entre enero y mayo de 2019 se habían registrado 1.569 homicidios por “resistencia a la autoridad”.

Según el Foro Penal, 382 personas se encuentran detenidas en Venezuela por razones políticas.

La detención arbitraria es otra de las características del régimen dictatorial. Solo durante las protestas de enero de 2019 se detuvo a más de 900 personas en cinco días.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, hasta octubre de 2019 se había detenido arbitrariamente a 2.182 personas. Gran parte de estos detenidos fue sometido a malos tratos y torturas, tales como la aplicación de descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento o violencia sexual, entre otras. Así como también hubo casos de desapariciones forzadas, en donde se había confirmado la detención pero sus familiares y abogados no tenían forma de saber sus paraderos.

Libertad de expresión: inexistente en dictadura

La organización local de derechos humanos “Espacio Público” contabilizó 1.017 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión entre enero y noviembre de 2019.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 244 ataques contra la libertad de prensa entre enero y junio. Estos ataques incluían censura, hostigamiento, agresiones físicas contra periodistas, detenciones arbitrarias y robo de equipos.

En octubre, había 193 personas detenidas por publicar opiniones o denuncias en las redes sociales o la prensa. Entre ellas figuraba Pedro Jaimes, que fue detenido arbitrariamente por agentes del SEBIN por compartir en su cuenta de Twitter información pública sobre la ruta del avión presidencial, y que finalmente quedó en libertad con cargos el 17 de octubre, tras un año y cinco meses de detención.

¿Estos datos serán suficientes para comprender que Venezuela necesita la ayuda de una operación de paz y estabilización liderada por las democracias del mundo?

Esperar que el pueblo venezolano logre su libertad sin ayuda es como esperar que la víctima se libere por sí sola de su secuestrador estando atada y debilitada.

Carlos Enrique Sánchez es estudiante de licenciatura en economía en la Universidad de Buenos Aires. El 27 de abril de 2018 llegó a Argentina escapando del régimen madurista. Twitter: @Carlosanchez_99

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