En los últimos días se ha dado a conocer la intención del presidente de la nación Alberto Fernández de llevar adelante una reforma judicial. A través de una nota con el militante kirchnerista y periodista Gustavo Sylvestre para el canal C5N volvió a hacer hincapié sobre la intención de crear un comité paralelo de ‘expertos’ cuya función sería supervisar, en el caso que sea necesario, el desarrollo de dicha reforma.

En la nota, Fernández afirmó que ‘La iniciativa parlamentaria incluye la creación de un consejo consultivo de expertos que funcionará en paralelo a la reforma para ver si hacen falta otros cambios. Revisar el tema judicial es revisar el funcionamiento de la Corte Suprema, sobre si tienen que ser más o menos integrantes. Yo pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte pero me gustaría escuchar a expertos’.

No es la primera vez que Alberto Fernández hace mención a dicha reforma. Ya en su discurso de asunción como Presidente de la nación, el pasado 10 de diciembre del año 2019, donde habló sobre impulsar esta reforma proponiendo un consejo para afianzar la administración de Justicia en la República Argentina que la integrarán las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial.

Además, afirmó que la justicia debe actuar con las personas de mayor renombre político sin importar sus ideologías o bandera partidaria.

Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con este deterioro’ afirmó el Presidente.

Alberto Fernández, plantea en definitiva, que la justicia debe funcionar en favor de los ciudadanos y no sobre una parte de la sociedad que es la clase política. Pero la realidad es que en nuestra sociedad ningún gobierno gobierna en interés del pueblo (Ya en el comienzo Aristóteles decía que ‘la democracia es el gobierno de un sector en favor del mismo’). Y si uno analiza la verdadera intención que tiene tanto el presidente como su vice es totalmente notable para que se lleva a cabo esta reforma.

Recordemos lo que pasó esta semana. El pasado 14 de mayo la Oficina Anticorrupción (O.A) dejó de ser querellante en las causas que investiga a la actual Vicepresidente de la nación CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, y a sus hijos en temas vinculados con lavado de dinero.

El titular de la O.A Felix Crous (ex fiscal) y fundador de Justicia Legítima, presentó un escrito ante el Tribunal Federal Nro 5 quien tiene en carpeta las causas de Los Sauces y Hotesur manifestando su desinterés de seguir siendo querella en dichas causas. ‘El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por lo tanto, se solicita a vuestras excelencias que se aparte a esta Oficina Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido.’Felix Crous argumentó también que nunca debieron haberse metido con esas causas. (‘Las razones por las que yo decidí desistir de ser querellante es que la Oficina nunca debió haber sido querellante en este caso’)

Actualmente Cristina Kirchner está procesada en nueve causas y tiene cuatro pedidos de prisión preventiva, uno de ellos confirmados por la C.S.J.N. De esas nueve causas, ocho fueron elevadas a juicio oral, las cuales todavía no tienen fecha programada. La mayoría de esas causas son por lavado de dinero (Los Sauces y Hotesur) y otras por uso de bienes del estado en beneficio propio (utilización de aviones presidenciales para el transporte de bienes ajenos, totalmente desviados del uso real).

Ahora bien, no será casualidad que a posterior los tribunales orales donde se la investiga dicten sentencia, una vez finalizado el juicio oral, y en el caso de que fallen en contra de C.F.K podría apelar, nuevamente, dichas sentencias hasta llegar otra vez a la C.S.J.N. No todo juega a su favor ya que recordando, y si vuelven hacia el párrafo anterior con la lectura, la C.S.J.N confirmó un pedido de prisión preventiva. Además, en otras de las causas contra la mandataria, la corte, rechazó un recurso de queja contra el ya fallecido juez Claudio Bonadío, en la causa ligada al referéndum con Irán.

 En otras palabras, y en la jerga común Cristina no tiene a la Corte Suprema metida en su bolsillo. Casualmente, esta semana la reforma judicial podría ser tema de debate en las sesiones ‘virtuales’ y nos abrirá el panorama de lo que se viene a futuro.

A mi manera de ver esta medida significaría la quita de la independencia al Poder Judicial o, lo que es aún peor el desequilibrio con respecto al Poder Ejecutivo .  Es una manera de unificar 2 poderes y va en contra de los principios constitucionales cuya base es la independencia de ambos. 

Sería peligrosísimo para los ciudadanos que un gobierno, cualquiera sea, se adueñara prácticamente del órgano que, justamente, debe regular al poder ejecutivo. Más que nada un presidente que hace poco planteó que la Argentina de los vivos se había terminado y en esa le doy la derecha porque puedo afirmar que ahora tenemos la Argentina de los tontos. 

Sobre el autor: Álvaro Juan González Salazar es estudiante de abogacía en la UBA.

 

 

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