Fuente: El Comercio Perú

El presidente Alberto Fernández incumplió las promesas que hicieron cambiar el voto de legisladores de celeste a verde. Prometió reformar la ambigüedad en el límite de gestación y la posibilidad de abortar sin consentimiento parental desde los 13 años.

El 27 de mayo el Gobierno publicó la reglamentación (nº 1535/2021) de la Ley 27610, de Interrupción Voluntaria de Embarazo, aprobada en diciembre de 2020. Son muchas las promesas que incumplió el Ejecutivo en la reglamentación, pero destacan el caso de la objeción de conciencia, la ambigüedad en el concepto de salud y la posibilidad de abortar en menores sin consentimiento parental a partir de los 13 años.

Desde una perspectiva ético jurídica le caben las mismas consideraciones sobre la violación del derecho a la vida del niño por nacer, el derecho a la información de las madres, la limitación en la objeción de conciencia. En este sentido el Protocolo tiene varias normas inconstitucionales.

En primer lugar, amplia las interpretaciones de las posibles causales de violación y de salud. En los artículos 4 y 16 de la ley 27.610 autorizan el aborto luego de la semana 14 si hay peligro para la vida o “salud integral” de la mujer. El concepto de “integral” iba a ser vetado por el Ejecutivo para restringir el amplio abanico de interpretación de esta causal.

El protocolo más que restringir, viene a ampliar el concepto de salud integral, no sólo lo que refiere a alguna enfermedad o peligro de muerte, sino que basta con la potencialidad de afectación de la salud. “El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia” (p. 26). La gravedad del caso es que se abre la puerta con la posibilidad de abortar prácticamente hasta el día del parto por causales muy amplias.

En segundo lugar, el aborto es promovido como una política pública. “Que la interrupción del embarazo es una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y, con ella, sus derechos humanos. Es, en este sentido, una ley que desarrolla la respuesta integral de las políticas de salud sexual y reproductiva”.

Es decir, se debe promover el aborto, aunque no haya solicitud explícita y se vale de la Consejería en opciones e información sobre procedimientos para la Interrupción Voluntaria (IVE) y la Interrupción Legal (ILE). Luego de que la persona recibe la Información se la deriva a la Consejería. El Protocolo dispone que el personal de salud le pregunte si quiere o no continuar con el embarazo, se debe dar la información a las personas que tengan “derecho” al aborto.

En tercer lugar, las adolescentes de entre 13 y 16 de edad pueden acceder a un aborto sin previo consentimiento de sus padres. La voluntad de los legisladores fue que se exigiera el consentimiento parental en este rango de edad. Sin embargo, este deseo no fue respetado, sino que “pueden brindar su consentimiento en forma autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o su salud” (p. 28). Y aun en el caso de que haya un riesgo, “si existiera una negativa [de los padres], podrá ser asistida para brindar su consentimiento por otra/o referente afectivo”.

En cuarto lugar, el reglamento apunta con la Objeción de Conciencia. En efecto, en el apartado 6 de la primera parte titulado “Objeción de conciencia” se advierte una redacción tendiente a poner límites a la objeción de conciencia, procurando reducirla al mínimo, sin respetar la esencia de este derecho.

Dicho reglamento pone de manifiesto las obligaciones del objetor y la cooperación con el aborto. Obliga al objetor a “derivar de buena fe a la gestante para que sea atendida por otro u otra profesional dispuesto y disponible en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones, para que continúe la atención, dejando sentado en la Historia Clínica dicha derivación” (p. 38).

Además, también obliga a dar toda la información necesaria del aborto, derivar a otro profesional capacitado y realizar todos los arreglos para que se realice. El problema del Protocolo es que no reconoce que la conciencia del objetor le señala el deber de evitar cualquier forma de cooperación con el aborto.

En la misma línea el Protocolo obliga a realizar al objetor, abortos en ciertos casos. “El personal de salud no puede negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable…” (p. 36). La objeción de conciencia no puede invocarse en casos de que la vida de la mujer esté en peligro y requiera atención inmediata.

Antecedente en el Materno-Infantil de Salta

Hace tan sólo dos meses el director del Materno-Infantil de Salta, Federico Mangione, declaró que la ley del aborto no fijaba límites. El doctor, que no se opone al aborto, manifestó que han sido numerosas las intervenciones realizadas en el hospital y en distintos centros de salud.

Sin embargo, pidió a los jueces que se aclare la falta de plazos en la ley. Observaba una omisión que permitía el aborto hasta la última semana de embarazo. La ley del aborto habilita la práctica a lo largo de todo el embarazo en las causales de violación o de riesgo para la vida de la madre.

Sin temor a escandalizar, y dispuesto a enfrentar las eventuales consecuencias de sus dichos, Mangione lo pone en los términos más duros y directos posibles, seguramente para que las autoridades -de todos los poderes- tomen conciencia de lo que trae aparejado esta ley. En una entrevista declaró: “Después de la 11a semana, tenemos un período de osificación del feto. Si yo hago un aborto, voy a ser crudo en esto, tengo que desarmar el feto. Ese feto se rompe en hueso y cartílago. Para poder sacar lo que es el famoso legrado se convierte en una gilette. Rompo el útero, rompo el tejido y termino dejando a una chica de 20 años con la imposibilidad de ser madre de por vida. ¿Estoy cuidando a la mujer ahí? me pregunto. Lo voy a decir porque si me van a sacar que me saquen, porque estoy diciendo la verdad y no porque estoy mintiendo”. “No estoy en contra de la ley -aclara por su parte el director del Materno Infantil salteño-, estoy en contra de la ley mal hecha”.

Caso Rodríguez Lastra

Se trata del famoso caso del Doctor Leandro Rodríguez Lastra, que causó conmoción a lo largo y ancho del país.

En marzo de 2017 una joven de 19 años solicitó acceder a un aborto legal por causal de violación. El 2 de abril llegó al Hospital de Cipolletti con fiebre y dolor abdominal producto de las pastillas abortivas. Leandro estaba de guardia y la atendió, suministrando medicamentos que impidieron el curso normal del aborto. La joven permaneció internada en el servicio de salud mental hasta que se produjo el parto. No solamente salvó la vida de la mujer sino también la del niño que llevaba en su vientre.

Por haber obstaculizado la práctica de un aborto legal fue sentenciado a 1 año y 2 meses de prisión en suspenso más 2 años y 4 meses de inhabilitación profesional. La condena restringe su actividad en el ámbito público, pero no en el privado. Actualmente se desempeña como médico en Gualeguaychú.

El presente protocolo utiliza este caso como amenaza para los objetores de conciencia  recordando que quienes incumplan con el “deber” de practicar abortos, sufrirán el mismo calvario.

3 Comentarios

  1. Excelente artículo para generar conciencia respecto a la inconstitucional ley de aborto.

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