Fuente: Nexofin

El Diputado Francisco Sánchez, junto al abogado Francisco Oneto, denunciaron formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las maniobras del gobierno para intervenir en las investigaciones judiciales de corrupción durante los gobiernos de la Vicepresidente (en ese momento Presidente) Cristina Fernández de Kirchner.

La denuncia se da semanas después de que el Senado, presidido por la propia Cristina Kirchner, removiera a los jueces que investigan la corrupción K, Pablo Bertuzzi, Leoponldo Bruglia y Germán Castelli.

Denuncia presentada ante la CIDH

Por su parte, Sánchez y Oneto exponen que hubo una “serie de acciones coordinadas por el Consejo de la Magistratura de La Nación, El Poder Ejecutivo Nacional, y el Senado de la Nación Argentina”  para lograr remover a los jueces.

Por otro lado, denuncian que con este accionar se esta vulnerando “El derecho a ser juzgado por jueces imparciales (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; precedente Reverón Trujillo)”.

El Senado de Cristina Kirchner durante la remoción de los jueves. Fuente: Clarín

En este sentido, el Diputado Nacional Francisco Sánchez y el reconocido Abogado Francisco Oneto solicitaron que la Comisión Interamericana:

  • “conmine al Estado Argentino a dejar sin efecto la remoción de los Jueces Bertuzzi, Bruglia, y Castelli”.
  • “cese en el control de los traslados de Jueces legalmente puestos en sus cargos”
  • “que se conmine al Estado a que, en caso de considerar necesario remover a un Juez por los motivos que fuere que ocurra por las vías pertinentes a tales fines”.

En la presentación a la que accedió Alt Media en exclusiva, remarcan que, además del daño directo de las acciones, “el daño es irreparable porque la existencia de Jueces dependientes de los demás poderes del estado conlleva, en definitiva poner el destino, los derechos, la libertad y el patrimonio de los argentinos en manos del poder de turno”.

Así mismo agregan que “ello conlleva el riesgo de incurrir en un gobierno tiránico y despótico, pues el natural límite a los actos abusivos de los demás poderes del estado q debe poner el poder judicial se encontraría ausente”.

Declaración de los denunciantes

Sánchez afirmó en comunicación con Alt Media que “Para asegurarse la impunidad por los delitos que han cometido contra la Argentina, y por los cuales están siendo juzgados, tenemos que tener la garantía de que la justicia va a seguir funcionando lo más parecido a una justicia independiente. Si es coaccionada y presionada por otro Poder del Estado no va a funcionar como corresponde y un país sin justicia, un Estado sin justicia, es un Estado en donde lo que predomina es el caos y lo que necesitamos para salir adelante es orden. Solamente de esa manera vamos a poder tener reglas de juego claras para crecer”.

También nos comunicamos con Francisco Oneto, quien dijo: “Lo que pasó con el desplazamiento de los tres jueces, fue que se afectó la garantía de inamovilidad del juez. Esa garantía es una sobre las cuales se sustenta la garantía de independencia del juez. Un juez que no tiene asegurado su cargo va a intentar agradar a quien tiene el poder de removerlo para poder sobrevivir de algún modo”. 

Por otro lado, manifestó que: “Hay que tratar de dejar tranquilos a los jueces, y ahí si exigirles que hagan su trabajo como corresponde, pero nunca desde la remoción de su cargo, al menos por fuera de los mecanismos legales previstos”.

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