Esta madrugada, el Senado aprobó la Ley de Emergencia Económica en la cuál garantiza entregar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Por Horacio Giusto Vaudagna

Mientras algunos medios se hacen eco por discusiones intrascendentes como la dicción neutra de la palabra “presidente” durante el debate parlamentario, la realidad de fondo es que el oficialismo logró la cantidad de votos necesarios para ceder la suma de poderes al Poder Ejecutivo.

Si bien podrían hacerse diversas lecturas respecto al desenvolvimiento económico que genera la arremetida oficialista, resulta prudente y oportuno considerar el atropello jurídico que significa para Argentina este nuevo capítulo de su vida política. Ya desde el inicio del nuevo mandato peronista aspiró a la toma de “superpoderes” vaticinando las intencionalidades políticas del gobierno entrante; mas no fue posible que se trate dicho proyecto por cuanto se tuvo que recurrir acuerdos con sectores afines al justicialismo que buscaron morigerar las obscenas pretensiones planteadas.

Cuán lejos ha quedado aquel proyecto prudencial de Juan Bautista Alberdi en el que, reconociendo lo tentador que es para el hombre el poder es que debía limitarse las funciones presidenciales. Basta ver que la Constitución Nacional reza desde 1853: “Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Sin embargo, el dictamen final aprobado dispone: “Art. 1°.- Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el PODER EJECUTIVO NACIONAL, las facultades comprendidas en la presente ley, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2º, hasta el 31 de diciembre de 2020.”; en este sentido, la mayor astucia legal de la redacción surge de la ambigüedad del mencionado Art. 2 en el que se expresa “…Crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública… Crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal”.

No es requisito ser un eximio jurista para comprender lo laxo que es el lenguaje del proyecto que ha facultado discrecionalmente al Poder Ejecutivo para cumplir su voluntad política. El Estado de Emergencia es, según Manuel Ossorio (Diccionario de Cs. Jurídicas), la situación que se produce cuando hechos graves, o que se suponen tales, quiebran la normalidad del país y ponen en peligro las instituciones constitucionales o las de facto. Básicamente, la historia de Argentina se puede resumir como una constante del estado de emergencia, lo que una vez tras otra permite al Poder Ejecutivo arrogarse todas las facultades para sí so pretexto de que paradójicamente, quebrantando el orden institucional se alcanzará dicho el equilibrio y estabilidad de las instituciones.

Justamente, el art. 76 de la Constitución Nacional excepcionalmente permite la delegación en materias determinadas de la administración y la emergencia pública. Tal y como enseñara el profesor y jurista, Agustín Gordillo, el derecho administrativo local cuenta con enorme influencia del derecho francés; de allí es que los actos de gobierno, en principio, no son revisables judicialmente si corresponden a la esfera discrecional de los órganos políticos. Piénsese en un simple ejemplo, ante una licitación de obra pública, el Poder Judicial puede controlar el proceso de licitación, pero no podría entrometerse en la voluntad política por la cual se elige construir un dique antes que una ruta. Esto se debe a que el juez considera que la importancia política del acto hace necesario que la administración goce de libertad frente a él, y por ello se inhibe de intervenir; sin embargo, tal como expone el Dr. Gordillo, no existe un fundamento jurídico que habilite tal exclusión sino que es el propio discurso político que proscribe de control las decisiones políticas. Ante este panorama la realidad es que el Poder Ejecutivo, mientras cumpla los requisitos formales de la ley, puede hacerse con la suma de poderes públicos si, en vez de proponerse a sí mismo como nuevo emperador lo que sería un quebranto constitucional, logra que el órgano legislativo del Estado declare una situación de emergencia y delegue la solución política al órgano administrativo.

Ha sido el propio Poder Legislativo, contralor por excelencia de la voluntad del Ejecutivo, el que decidió que dependerá de la mera voluntad política del flamante presidente que Argentina alcance, si es posible, la sostenibilidad  fiscal y de la deuda. En esencia, no podrá ningún poder estatal controlar la discrecionalidad que tendrá Alberto Fernández en la repartición de recursos o implementación de cualquier medida en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Lo que a simple luces parece un quebrante a los principios republicanos de control presupuestario, división de poderes y transparencia de los actos públicos, en realidad es un actuar típico de un gobierno que utiliza en su favor las bondades de la democracia universal. Esto demuestra una vez más que no todo lo que es legal necesariamente es ético y que, dadas las condiciones, con una simple mayoría circunstancial un simple mortal puede erigirse como un emperador el cual puede obrar con anuencias de todos los órganos estatales.

Horacio Giusto Vaudagna es investigador del Área de Derecho de la Fundación Libre.